Detrás de los números hay historias de niñas y adolescentes que tuvieron que enfrentar un embarazo después de haber sido víctimas de una violación.
De acuerdo con información publicada por Periódico Correro, de enero de 2022 y enero de 2026, la Secretaría de Salud de Guanajuato registró 74 interrupciones del embarazo relacionadas con casos de violación. De ellas, 27 correspondieron a menores de 18 años, es decir, poco más de una tercera parte del total.
Uno de los casos que más llama la atención es el de una niña de apenas 11 años, atendida en Cortazar en el año 2022.
Sin embargo, en los registros también aparecen cuatro niñas de 12 años y cinco de 13 años, sumando en total, 14 niñas de entre 11 y 14 años que tuvieron que recurrir a una interrupción del embarazo después de una violación.
Además, se registraron 13 adolescentes de entre 15 y 17 años, es decir, de los 74 casos registrados durante el periodo mencionado 36.5% correspondieron a menores de edad.
A nivel municipal, León concentra 25 de los 74 registros, lo que representa cerca de una tercera parte del total; seguido por San Luis de la Paz, Celaya y Dolores Hidalgo, con 5 casos cada uno; Uriangato, con 4; y Cortazar, San Miguel de Allende y Comonfort, con 3.
En Guanajuato, la interrupción del embarazo producto de una violación está contemplada dentro de las causas previstas por la legislación estatal. Además, la NOM-046 establece la atención para víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste es consecuencia de una violación.
El tema cobró todavía mayor relevancia después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en 2025 que el sistema jurídico de Guanajuato que penaliza el aborto voluntario es inconstitucional, al considerar que afecta derechos como la dignidad, la autonomía reproductiva, la salud y la igualdad.
La resolución cuestionó los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal estatal, aunque los efectos iniciales del amparo se otorgaron a las personas acompañadas por la organización que promovió el juicio.
Mientras el debate legal continúa, los datos de la Secretaría de Salud dejan algo claro, entre 2022 y principios de 2026 hubo 74 mujeres y niñas que enfrentaron un embarazo derivado de una violación y buscaron interrumpirlo dentro del sistema de salud estatal.
