La diputada local por Salamanca Hades Aguilar presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realice una auditoría integral al programa de prevención de adicciones conocido como Planet Youth, con el propósito de esclarecer cómo se ejercieron los recursos públicos destinados a esta estrategia y si realmente generó los resultados prometidos. La exigencia surge en un contexto de creciente preocupación social, luego de que se diera a conocer que, entre los ejercicios fiscales de 2021 a 2024, el programa recibió una asignación que supera los 280 millones de pesos, mientras los indicadores de consumo de drogas en la entidad no mostraron una disminución proporcional y, por el contrario, registraron un incremento estimado del 5 por ciento.
Para la legisladora, esta disparidad entre el monto invertido y los efectos observables obliga a una revisión profunda, no solo financiera, sino también de cumplimiento y desempeño.
El programa fue impulsado por el gobierno estatal durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, bajo la premisa de replicar el llamado “modelo islandés” de prevención, una estrategia internacional basada en diagnósticos comunitarios, encuestas periódicas y acciones de intervención social enfocadas en jóvenes. Sin embargo, desde su implementación se han señalado dudas sobre la pertinencia de trasladar un esquema diseñado para contextos europeos a la realidad social, económica y cultural de Guanajuato, donde las dinámicas de riesgo, el entorno familiar y las condiciones comunitarias presentan diferencias sustanciales.
Hades Aguilar sostiene que, a pesar del discurso oficial y de los recursos asignados, no existen informes públicos suficientemente claros que expliquen en qué se gastó el dinero, qué acciones concretas se financiaron, cuántos jóvenes fueron atendidos y cuáles fueron los resultados medibles del programa.
En su planteamiento, la diputada también recordó que no es la primera vez que se solicita una revisión a Planet Youth, pues anteriormente ya se había propuesto incorporar una auditoría específica, sin que esta prosperara. Ahora, el nuevo punto de acuerdo busca que la auditoría se incluya de manera formal en el programa general de fiscalización y abarque todos los ejercicios en los que se ejercieron recursos, con especial énfasis en contratos, convenios, pagos, nóminas y metas cumplidas. Entre los señalamientos que motivan esta exigencia se encuentra la presunta existencia de irregularidades administrativas, como posibles dobles remuneraciones a personas que habrían cobrado simultáneamente como funcionarios del sector público y como colaboradores vinculados al programa, una situación que, de confirmarse, implicaría responsabilidades administrativas y legales.
La solicitud de auditoría cobra mayor relevancia al considerar que, de acuerdo con información oficial y reportes públicos, la estrategia de Planet Youth habría sido modificada o sustituida en años recientes por un nuevo esquema de prevención, con presupuestos considerablemente menores, lo que abre aún más interrogantes sobre la eficacia real del programa original y sobre el destino final de los recursos ejercidos. Para Aguilar, la fiscalización no busca únicamente señalar culpables, sino sentar un precedente de transparencia y rendición de cuentas en políticas públicas sensibles como la prevención de adicciones, donde cada peso invertido debería traducirse en beneficios tangibles para la salud y el bienestar de las juventudes guanajuatenses.
El punto de acuerdo fue turnado a la comisión correspondiente del Congreso local para su análisis y eventual dictamen. Mientras tanto, la exigencia de auditoría se suma a un debate más amplio sobre la efectividad de las estrategias estatales en materia de prevención, la necesidad de políticas adaptadas al contexto local y la obligación de los gobiernos de demostrar, con datos claros y verificables, que los recursos públicos cumplen el objetivo para el que fueron destinados.
