Pese a la prohibición federal y las restricciones estatales vigentes desde 2017, estos dispositivos proliferan en comercios locales ante la ausencia de operativos municipales.

En Salamanca, la presencia de máquinas tragamonedas en establecimientos de barrios y colonias se ha convertido en una escena cotidiana. Estos dispositivos, instalados de forma irregular en tiendas de abarrotes, farmacias y espacios públicos, operan a plena vista de la ciudadanía pese a que la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe explícitamente su funcionamiento sin los permisos correspondientes.

Aunque Guanajuato restringió la operación de los denominados «mini casinos» desde 2017, en el municipio salmantino la normativa parece ser letra muerta. Las autoridades locales han reconocido el potencial adictivo de estos aparatos, especialmente entre menores de edad; sin embargo, en la práctica, no existe un esquema de vigilancia o regulación efectiva por parte de las direcciones municipales competentes.

Más allá del impacto en la economía familiar, especialistas en seguridad vinculan este fenómeno con delitos de mayor impacto, como el lavado de dinero, la extorsión y diversos hechos de violencia registrados en la región. La falta de operativos de decomiso y sanciones administrativas durante la administración de César Prieto refleja un vacío institucional que permite la permanencia de estos negocios ilícitos.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha presentado un plan de acción para retirar estos dispositivos de las calles, permitiendo que la industria de las apuestas ilegales continúe expandiéndose en el «municipio petrolero» sin consecuencia alguna.