Entre 2020 y 2025, las denuncias crecieron un 6 mil 973 por ciento, un incremento que refleja la magnitud de un fenómeno que ha colocado al estado de manera constante entre los diez primeros con mayor número de víctimas en el país.
Tan solo en 2025, en promedio cuatro personas denunciaron cada día haber sido víctimas de este delito, sumando mil 344 casos en los primeros once meses del año. El Grupo Parlamentario de Morena, a través de su coordinador Ricardo Ferro Baeza, presentó una iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado, el Código Penal y la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato.
La propuesta busca armonizar la legislación local con la federal y endurecer las sanciones: pasar de penas de 4 a 15 años de cárcel a un rango de 15 a 25 años de prisión, además de establecer que la extorsión amerite prisión preventiva oficiosa y que exista coordinación directa con el gobierno federal para combatirla.
Las modalidades más recurrentes en Guanajuato han sido el “cobro de piso”, las amenazas telefónicas y la intimidación directa, sin embargo, la cifra negra supera el 90 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), pues muchas personas prefieren no denunciar por miedo a represalias, desconfianza institucional o la normalización del delito.
El 17 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas legislativas para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. Dichas propuestas ya fueron aprobadas y dieron origen a la Ley General contra la Extorsión, que establece que todas las entidades federativas deben perseguir de oficio este delito, contar con un tipo penal básico, definir competencias y coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno, e implementar acciones interinstitucionales para su prevención.
