En Guanajuato, el 2025 quedó como un año oscuro para la industria de la construcción.
La inversión pública y privada se desplomó un 17%, el peor retroceso en una década. Las calles sin pavimentar, las escuelas sin ampliaciones y los hospitales sin mejoras se convirtieron en el reflejo de una crisis que afectó tanto a empresarios como a trabajadores. Los contratistas locales, muchos de ellos pequeñas empresas familiares, vieron cómo los proyectos se esfumaban y con ellos la fuente de empleo para miles de albañiles, transportistas y proveedores.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción advirtió que la falta de obra pública fue el golpe más duro, pues históricamente ha sido el motor que sostiene a las compañías locales. El promedio anual de inversión estatal, que rondaba los 12 mil 500 millones de pesos, se redujo a menos de 9 mil millones, dejando a comunidades enteras sin nuevas infraestructuras y a la economía estatal sin uno de sus principales activadores.
Sin embargo, el Congreso local aprobó una deuda estatal de cuatro mil millones de pesos para 2026, destinada principalmente a infraestructura. Aunque el endeudamiento implica riesgos, la buena calificación crediticia del estado permite pensar que los recursos se traducirán en carreteras, obras hidráulicas y proyectos urbanos que podrían devolver confianza al sector.
