En un municipio donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, el gobierno de Salamanca destinó más de 25 millones de pesos para la compra de 150 cámaras de videovigilancia, lo que representa un costo aproximado de 167 mil pesos por cada una.

El dato ha generado cuestionamientos, no solo por el monto total, sino por el alto precio unitario de cada equipo, especialmente en un contexto donde la ciudadanía continúa enfrentando robos, violencia y una percepción constante de inseguridad.

Aunque las autoridades aseguran que el costo incluye instalación y capacitación, hasta el momento no han detallado de forma clara cómo se desglosa ese gasto ni por qué cada cámara alcanza un precio tan elevado.

¿Qué compran realmente con 167 mil pesos?
Para dimensionar el gasto, es vital entender el mercado de la videovigilancia. En el sector comercial, es difícil imaginar que un equipo supere la barrera de los 20 mil pesos. Sin embargo, en niveles de seguridad pública (C4), las cámaras PTZ de más alta gama (equipadas con visión nocturna extrema, zoom de 40x, inteligencia artificial para lectura de placas y escudos antivandalismo) tienen un valor en el mercado que oscila entre los 70 mil y 120 mil pesos.
Aun considerando los equipos más caros del mundo, la cifra de 167 mil pesos por unidad sugiere que el municipio está pagando por «Puntos de Monitoreo» completos, lo cual debería incluir cimentación, postes especializados, cableado de fibra óptica y licencias de software.
El tema se vuelve aún más delicado cuando, a la par de esta inversión, los resultados en materia de seguridad no parecen reflejar una mejora clara. En distintas colonias del municipio continúan registrándose hechos delictivos, lo que hace que muchos ciudadanos cuestionen si este tipo de gasto realmente atiende el problema de fondo.

“La municipal es arriba de los 25 millones pesos. Claramente esto implica la compra de las cámaras, la instalación y la capacitación para el desarrollo de las mismas dentro del C4”

De acuerdo con el propio Director de Seguridad, Juan Pablo Ramírez Talavera, de enero a la fecha se han registrado al menos 21 privaciones ilegales de la libertad, es decir, 5 casos por mes, lo que ha mantenido en constante preocupación a los salmantinos.

«Mira, por parte del municipio, al día de hoy, tenemos 21 confirmadas, de las cuales bastantes ya han sido localizadas»

Además, la falta de información detallada sobre la compra de las cámaras y su impacto genera una percepción de poca transparencia, en un tema que involucra millones de pesos de recurso público.

En Salamanca, mientras las cifras del gasto aumentan, la sensación de inseguridad sigue siendo la misma.