En una declaración que ha sido calificada como un ejercicio de victimización política, el alcalde de Salamanca, César Prieto, rompió el silencio tras las acusaciones de hostigamiento lanzadas por el colectivo “Salamanca Unidos por los Desaparecidos”. Lejos de presentar un informe de seguridad o garantías de protección, el edil aseguró que los señalamientos en su contra “le duelen”, apelando a una supuesta cercanía que las familias hoy desconocen.
El «dolor» del Alcalde frente a la crisis de las fosas Interrogado sobre las denuncias de Alma Lilia Tapia, lideresa del colectivo, quien ha señalado una estrategia municipal para invisibilizar y perseguir su labor, César Prieto evitó la rendición de cuentas administrativa. En su lugar, optó por un tono de reproche emocional.
“Sí me duele porque nosotros iniciamos justamente con la señora Alma Lilia… nosotros no somos así, jamás vamos a andar promoviendo ni persiguiendo a nadie”, afirmó el munícipe, intentando desarmar la crítica ciudadana con un discurso de «aliado herido».
Para justificar su postura, el alcalde presumió la existencia de un sistema de atención en el DIF municipal que ofrece asesoría legal y psicológica. Sin embargo, para los sectores críticos y las propias víctimas, este «ecosistema de apoyo» funciona más como una herramienta de propaganda que como una solución real.
Mientras el alcalde habla de terapias y trámites, en las calles de Salamanca el colectivo denuncia:
Censura visual: El retiro sistemático de fichas de búsqueda por parte de personal municipal.
Abandono en campo: La falta de acompañamiento de seguridad efectivo en zonas de alto riesgo.
Hostigamiento oficial: Presiones para silenciar las críticas a la inseguridad a cambio de mantener apoyos logísticos.
Indignación ciudadana por la evasión oficial.
La respuesta de César Prieto ha generado un eco de indignación en la población, que percibe sus palabras como una burla a la tragedia que viven cientos de familias. Al declarar que «le duele» ser cuestionado, el alcalde traslada el foco de atención de las víctimas hacia su propia figura, incurriendo en una revictimización de quienes, a diferencia de él, viven el dolor real de la desaparición y la amenaza constante.
Hasta el momento, la administración no ha aclarado por qué se han limitado los recursos para las búsquedas ni quién dio la orden de retirar las imágenes de los desaparecidos del espacio público.
En Salamanca, el discurso de la empatía oficial se queda en el despacho, mientras en las fosas, el apoyo sigue sin llegar.
