Outsourcing. Corrupción y ganancias
Por: Alfonso Díaz Rey*
Aprobado en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, a punto de pasar a discusión y votación en el pleno del senado, se pospuso el dictamen sobre la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación (outsourcing), por lo que no se debatió ese tema en el último periodo 2019 de sesiones de ese órgano legislativo.
El argumento para suspender la aprobación de tales reformas fue la necesidad de una mayor discusión, con la participación de todos los sectores involucrados, antes de someterse a votación por los legisladores. La solicitud para tal suspensión fue hecha por el senador Ricardo Monreal (Morena), quien preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de senadores.
Desde que el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) presentó la iniciativa de reforma surgió la oposición de las cúpulas empresariales, entre otras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Confederación de Cámaras Industriales, quienes aducen que tal reforma tendría efectos dañinos para la inversión y la «competitividad» del país.
La defensa del outsourcing la hacen quienes por medio de tal práctica de contratación han obtenido, desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, ganancias acumuladas del orden de 500 mil millones de pesos, producto de evasiones al fisco y a obligaciones sociales (IMSS, Infonavit), además de la descarnada explotación de cerca de ocho millones de trabajadores bajo este esquema de contratación, quienes víctimas de la inestabilidad y precarización del empleo y los salarios, carencia de prestaciones sociales y la imposibilidad de organizarse para la defensa de sus derechos laborales, estarán condenados a ser desechados como inservibles cuando la edad los convierta en no rentables para el capital.
Los argumentos de las cúpulas empresariales muestran que sus inversiones siempre han buscado las condiciones más ventajosas para ellos, sin importarles nada más que las ganancias, ni la manera como las obtienen, ya sea mediante la corrupción o por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Por otro lado, muestran también la decadencia de un sistema que basa su «competitividad» en el despojo acelerado y creciente a los trabajadores, vía ínfimos salarios.
En el fondo, la decisión de postergar la votación de la reforma en cuestión es la confirmación de que el neoliberalismo no desaparece por decreto y que quienes perdieron la elección del 1 de julio de 2018, perdieron solamente eso: la elección; porque el poder continúa en sus manos; además, muestra la fragilidad y falta de cohesión política e ideológica del partido que «ganó» esa elección, condición que se refleja en no pocos de sus miembros que ocupan puestos en instancias de gobierno.
Quienes detentan el poder en un sistema como en el que vivimos están acostumbrados y especializados en todo tipo de prácticas corruptas, por lo que cabe esperar intentos de cooptación de funcionarios públicos para que desde sus puestos sirvan a los intereses de ese poder económico.
A un año del ascenso del nuevo gobierno de la república, las medidas adoptadas acordes a la propuesta de una nueva transformación del país, la 4T, han afectado intereses de un segmento de la oligarquía. La iniciativa para regular el outsoutcing es solamente un intento para erradicar una condición injusta en aspectos laborales, sociales y fiscales; sin embargo, tal condición, benéfica para quienes detentan el poder, es defendida a ultranza con tal de mantener las millonarias ganancias que les genera.
Sería pecar de ingenuos si pensáramos que esas cúpulas del poder económico, las que conforman la oligarquía, no van más allá de sus declaraciones y marchas de protesta contra las acciones y medidas del gobierno que en alguna medida afectan sus intereses, ya que al estar estos vinculados a los del capital financiero internacional, como socios también son, de alguna manera, aliados y cómplices en todo lo que tenga relación con la defensa de esos intereses.
Nuestro país necesita transformarse en uno más justo, inclusivo y solidario, que sea capaz de ofrecer y garantizar una vida digna a quienes vivan en él; por ello cualquier transformación en ese sentido no puede ser obra de un hombre, un partido o un grupo social. Debe ser obra del pueblo mexicano y para ello será necesario avanzar en la elevación de su conciencia, organización y participación.
Salamanca, Gto., 15 de enero de 2020.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
