En Guanajuato la violencia se multiplica, pero no la fuerza del Estado para investigarla ni prevenirla. Mientras los homicidios se han triplicado en los últimos años, el número de policías, fiscales, jueces y peritos responsables de investigarla sigue siendo el mismo y en algunos casos, incluso, ha disminuido.
Mientras en 2016, por ejemplo, un agente del Ministerio Público especializado en homicidios tenía a su cargo más de 200 nuevos casos por año, para 2019 tiene que hacerse responsable de más de 440. Hace cuatro años el estado tenía seis policías en promedio para prevenir – o al menos reaccionar – cuando se comete un homicidio, pero hoy no junta ni tres por caso.
El resultado: 9 de cada 10 homicidios que se cometen en el estado no se esclarecen nunca. Quedan impunes. Situación que cobra relevancia dado que Guanajuato concentra cerca del 20% de los asesinatos que a diario se cometen en México.
Al poco personal y a las fallas en investigaciones, se suma la falta de apoyo y de coordinación de parte de las autoridades federales. Esto ha repercutido en casos como el de la madre del presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien pese a ser señalada públicamente como “operadora financiera” de un grupo del crimen organizado, delitos de tipo federal, no fue acusada de ello. Hoy está libre.
El número de elementos de la Guardia Nacional desplegados por el gobierno federal en Guanajuato para apoyar a las fuerzas locales es inferior al de otros estados con una población similar. Incluso, la tasa de guardias enviados al estado está por debajo de entidades como Querétaro, donde los niveles de violencia son mucho más bajos.
“Las capacidades del estado para prevenir y contener la violencia y la delincuencia son insuficientes en número y deficientes en la calidad de la investigación. A nivel local no hay planes ni estrategia de coordinación con las alcaldías, mientras que la federación, por su parte, está desaparecida”, dijo en entrevista Juan Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública.
Autoridades rebasadas
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años la violencia homicida en Guanajuato se ha triplicado. La entidad pasó de 1 mil 96 víctimas de homicidios dolosos en 2016 a sumar 3 mil 540 víctimas en 2019, un incremento del 222%. El avance de la violencia en la entidad ha sido sostenido y en 2020 se proyecta un nuevo incremento.
En ese contexto los recursos humanos de las fuerzas de seguridad y de justicia local se han rezagado. En algunos casos ha crecido el número de servidores públicos, pero de forma marginal respecto al avance de la violencia, mientras que en otros casos hay reducciones.
Por ejemplo. De acuerdo con datos de INEGI, en 2016 la Fiscalía de Guanajuato tenía 1 mil 749 funcionarios para investigar delitos, pero para 2019 dicha cifra se redujo a 1 mil 691. Es decir, se debilitó la fuerza destinada a la investigación.
En este mismo lapso las agencias del MP especializadas en homicidios en el estado crecieron de cinco a ocho, sin embargo, como Guanajuato no revela cómo está distribuido su personal (única entidad que no lo reporta según INEGI), no está claro si ello significó un incremento del personal o si solo se dividió el que ya existía.
Pero aun dando por un hecho que el personal de homicidios hubiera crecido, esto se queda corto frente al avance de la violencia. Ello ya que mientras en 2016 a cada una de las cinco agencias le tocaban indagar 219 nuevos homicidios en promedio al año, para 2020 a cada una de las ocho agencias le tocan más de 440 nuevos asesinatos.
El equipo pericial también está rebasado. Aun cuando de 2016 a 2018 creció marginalmente la cifra de peritos, de 162 a 200, para 2019 los peritos disminuyeron a 189. Los mismo sucede con los médicos forenses que de 2018 a 2019 decrecieron de 110 a 100 en total.
Esto significa que mientras en 2016 a cada perito le tocaban revisar siete nuevos homicidios (además de todos los demás delitos), para 2019 le corresponden 19 homicidios dolosos, casi el triple. En tanto, la carga por médico forense también se triplicó al pasar de 12 a 35 nuevos casos.
La fuerza para prevenir o reaccionar ante la comisión de un homicidio en Guanajuato también se ha visto afectada. Si bien la cifra de policías estatales y locales en la entidad avanzó de 8 mil 942 en 2017 a 10 mil 91 en 2019, esto es insuficiente, pues el promedio de policías por cada crimen bajó de seis a menos de tres.
La debilidad del estado de fuerza policial en Guanajuato se confirma al comparar a dicha entidad con otras de población similar. Mientras el estado tiene una proporción de 176 policías preventivos por cada cien mil habitantes, la proporción en Jalisco es de 201 uniformados por cada cien mil habitantes; en Chiapas es de 212; en el Estado de México es de 228; en Nuevo León es de 238; y en Ciudad de México la tasa es de 454 policías.
Lo mismo se aprecia al comparar los aparatos de investigación. Mientras que Guanajuato cuenta con una proporción de 31 agentes del MP, policías ministeriales y peritos por cada cien mil habitantes, Chiapas tiene 37, Nuevo León 51, y Ciudad de México mas de cien.
El estado de fuerza de las policías preventivas y de investigación en Guanajuato también se ha visto mermado por la propia violencia. Tan solo el día de ayer tres policías preventivos del municipio de Silao fueron asesinados, y en lo que va de 2020 cerca de medio centenar de agentes han perdido la vida.
Los jueces en Guanajuato también han visto duplicado su trabajo. Mientras que en 2016 a cada juez le tocaba trabajar 32 homicidios, para 2019 la proporción era de 64 asesinatos
Fuente: ANIMAL POLÍTICO
