En el Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca  (CMAPAS) se han dado de  baja a 11 trabajadores en lo que va del 2020,  así lo muestra una respuesta que se solicitó a través de la plataforma Nacional de Transparencia el día 17 de julio en donde se pidió la lista de empleados que han sido dados de baja desde el mes de enero hasta  julio 17  del presente año, también se requirió el desglose del nombre, puesto, salario, antigüedad y finiquito, así como el motivo de la separación del cargo.

Como respuesta, CMAPAS informó que ha dado de baja a 11 personas, de las cuales dos han sido por defunciones y las otras nueve por causas injustificadas, por renuncias supuestamente voluntarias o se ha tratado de rescisiones de contratos sin responsabilidad para CMAPAS.

Una de las personas que salió de la dependencia por recisión de contrato sin responsabilidad de CMAPAS fue Juan N, un obrero general con un salario de 161 pesos diarios con una antigüedad de 20 años a quien liquidaron  con 47 mil 67.08 pesos.

Por otra parte, colaboradores de mayor jerarquía fueron corridos  arbitrariamente  de la dependencia pues se trató de despidos injustificados e incluso trabajadores señalan que por lo menos una de esas personas resultó positiva al COVID-19 y después de la cuarentena la munícipe pidió su despido.

Aunque se desconoce el motivo de su baja, empleados de la dependencia aseguraron que la cantidad entregada a los exempleados no correspondería a lo que por ley les debieron conceder.

De las personas que han dejado de trabajar en la dependencia, sobresale el caso de Rogelio Liñán Arteaga, jefe de mantenimiento electromecánico quien fue despedido sin justificación y laboró durante 10 años en la dependencia obteniendo un finiquito por más de 123 mil pesos, por otra parte Lourdes García quien era jefa de Comunicación   Social y laboró durante un año, también fue despedida tiránicamente con un finiquito de 112 mil pesos.

En el caso de Valentín López quien se desempeñaba como operador electrodoméstico y prestó sus servicios durante 16 años, recibió 159 mil pesos al renunciar de manera voluntaria.

El obrero general Juan Carlos Hernández trabajó en CMAPAS por 11 años pero al presentar su renuncia fue liquidado solamente con 49 mil 123 pesos.

Otro fontanero quien laboró en la misma dependencia durante 12 años recibió 69 mil pesos.

Sobre las rescisiones  de contrato sin responsabilidad para el CMAPAS, no se tienen mayores datos, sin embargo, fuentes de la dependencia aseguran que les quitaron el empleo en un momento en el que se encontraban vulnerables pues los bajos salarios que les otorgan eran la única fuente de ingresos con la que contaban sus familias.

Por otra parte, los despidos en la Presidencia Municipal de Salamanca y en sus instituciones gubernamentales han sido constantes, así lo han confirmado trabajadores de diferentes dependencias quienes solicitan anonimato por temor a represalias ya que, aunque no ha habido motivos legales para dar de baja a colaboradores, ya se han presentado varios despidos infundados que han dejado sin ingresos a varias familias en plena pandemia y crisis de diferentes contextos.

A decir de propios funcionarios públicos, las  destituciones que han sido arbitrarias han sido porque así lo ordenó la munícipe y sus allegados para colocar en los puestos a personas cercanas, amigos, familiares de otros servidores, además, se presume que varios despidos se deben a molestias de Beatriz Hernández quien como castigo manda despedir a quien no le conviene.