Sobreprecio y privilegios siguen a la sombra de la impune corrupción del gobierno de Miguel Márquez, con el pretexto de la nueva casa del club León…
Por: Soy Barrio
Los terrenos para la construcción de un nuevo Estadio de León, están empapados de irregularidades. Más anomalías fueron expuestas en la operación de compra venta del predio, realizada durante el gobierno de Miguel Márquez, al fungir como intermediario para lograr un espacio para el proyecto privado a favor del Grupo Pachuca, uno de los más influyentes del futbol mexicano.
El gobierno actual a cargo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no se puede desligar de la operación; al inicio de su sexenio, la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración (SFIA), en manos de Héctor Salgado Banda, fue alertado por la consultora externa Deloitte, sobre las omisiones presentes en el proceso de venta, que además del sobreprecio, comprometen, por lo menos, otros 14 millones de pesos de las arcas públicas.
Desde la innecesaria compra del terreno en la zona conocida como Ángeles y Medina por parte de la administración estatal -con un sobreprecio de entre 90 y 100 millones de pesos-, pasando por las beneficiosas condiciones de pago en la venta al Club León a nombre de la empresa Fuerza Deportiva del Club León S.A., hasta la necesidad de cuantiosas obras públicas complementarias. Todo sigue sin esclarecerse.
Todo surgió como “una solución” luego del fallo judicial que derivó en la pérdida legal del inmueble que se utiliza en la actualidad, a favor del empresario Roberto Zermeño.
Entre 2017 y 2018 esta historia se entretejió y quedó plasmada en los juzgados, cuando el prominente militante del PAN, Luis Felipe Valdovino Fuentes, demandó el pago de una comisión dentro un proceso de compra-venta a cargo del gobierno, en la que intervino para luego ser excluido. Su declaración, develó el costo real del predio de 12.4 hectáreas en ese momento.
Ya casi se cumplen tres años del controversial proceso y no hubo una primera piedra del famoso Estadio León, al menos hasta antes de la pandemia de COVID-19, que ahora hace más lejanas las expectativas de avance.
Lo que que sí persisten, son las anomalías que se encuentran en proceso de denuncia e investigación, pues lo cabos de la adquisición y venta pública, siguen sueltos.
Avisados están…
Al inicio del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llegaron los resultados de la auditoría anual de los estados financieros, que la SFIA obtiene de la empresa consultora Deloitte. De ese expediente, sale a relucir un documento derivado de la auditoria 2018.
El Observatorio Estatal Ciudadano obtuvo a través de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, todas las actuaciones realizadas com parte de la revisión a los estados financieros. En esta se revela que la empresa entregó a la dependencia una carta de observaciones generales y una carta por separada etiquetada como “otras observaciones”.
Es decir, se entregaron por separado un pliego de irregularidades, ocho dìa antes que la carta de observacioes general. Todo se deriva del servicio de auditoría a los estados finaicnerios del gobierno del estado del ejercicio 2018.
¿Cuáles con son las irregularidades que presuntamente existen en este proceso?
En el documento denominado “otras observaciones” enviado por la firma de auditores externos Deloitte, se advierten diferentes irregularidades detectadas que fueron dadas a conocer al titular de SFIE, Héctor Salgado Banda, donde destaca lo siguiente:
“Algo que es muy llamativo del documento emitido por los auditores externos es que se emite por separado al resto de las observaciones del mismo despacho y del mismo periodo revisado, de esto se podría deducir que es un asunto que por su relevancia se pretende destacar o por el contrario no poner a disposición de manera tan directa, en fin valdría la pena conocer la particularidad considerada por la Firma de Auditores Externos para particularizar en un documento este asunto”, destacó el Observatorio Estatal Ciudadano en una postura expresa.
Aquí la carta de “Otras Observaciones” entregada al gobierno de Diego Sinhue:
https://www.scribd.com/document/491087947/Otras-Observaciones-2019-Deloitte#from_embed
La extraña compra de los terrenos
De acuerdo a la relatoría realizada por el propio Luis Felipe Valdovino en el juicio que promovió en 2018, fue personalmente Miguel Márquez junto a su Secretario de Finanzas, Inversión y Adminiistración (SFIA), Juan Ignacio Martín Solís, quienes tomaron la batuta para escoger el espacio que posteriormente se vendió al equipo de futbol.
Esta compra sale a la luz con bombo y platillo, pero en un sentido negativo ya que el 9 de octubre de 2018 el portal Zona Franca publicó la denuncia donde se señalaba que el terreno adquirido en 280 millones de pesos el 28 de diciembre de 2017, contenía un sobre precio de 90 millones de pesos.
La investigación reveló que del costo original que oscilaba los 1 mil 700 pesos por metro cuadrado, en el terreno que, además es bordeado por tres arroyos que daban servicio a las antiguas tierras de cultivo. No obstante, el costo en el que fue valuado -sin justificaciones- por la propia dirección de catastro de la SFIA, fue de 2 mil 500 pesos sin considerar los 4 mil 463 metros cuadrados que ocupa el cauce del río.
MAPA DEL TERRENO:
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Esta duda se sometió a auscultación a propuesta del Comité de Participación Ciudadana el Sistema Estatal Anticorrupción y de otras instancias, una revisión a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato solicitada por la ligera oposición del Poder Legislativo.
El 28 de enero de 2019 en sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se solicitó que al menos se emitieran ocho recomendaciones al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En resumen, estas versaban sobre cuatro grandes temas:
El acuerdo fue “posponer” la recepción de estas recomendaciones en el Comité Coordinador. Al día de hoy, no han sido procesadas.
En mayo de 2019 el ya gobernador vigente Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anuncio que no había irregularidades de sobreprecio respondiendo a la entrevista de Soy Barrio “ya se acabó esa auditoría; fue aprobada por el Congreso y yo les pido que revisen la auditoría. No hubo ningún comentario”.
En efecto, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), ratificó la narrativa del gobernador y se determinó que no hubo irregularidad alguna.
https://www.scribd.com/document/411737196/Dictamen-ASEG-Terrenos-Estadio-Leon#from_embed
La extrañísima venta
Grupo Pachuca no pagó el anticipo de los terrenos para el nuevo Estadio León el 22 de agosto de 2018, fecha en la que se hizo efectiva la compra el gobierno estatal, con la fe del Notario Público Jorge Humberto Carpio. Lo hicieron diez días después, lo que constituye una falsedad inscrita en la escritura.
No se han pagado los intereses mínimos correspondientes al resto de los pagos anuales fijados para el convenio y, para terror de los aficionados tampoco se cumplirá el acuerdo de construir el recinto para 2021, como también lo obliga el convenio, hecho que ahora se ve aun más lejano con la crisis generada por la pandemia de COVID-19 que priva desde marzo de 2020.
De acuerdo a lo previsto en el antecedente de la escritura, Grupo Pachuca representado por la razón social, Fuerza Deportiva del Club León está obligado a destinar el inmueble “a la conformación de infraestructura deportiva de esparcimiento y negocios, además de detonar un polo de desarrollo para la atracción de inversiones”.
También se determina que se deberá concluir la obra del nuevo Estado León, “a más tardar dentro del término de tres años contados a partir de la firma de este instrumento notarial”, por lo que a estas alturas se espera la definición de los tiempos en su construcción.
De acuerdo con información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, Grupo Pachuca ha pagado 95 millones 28 mil 385 pesos, por los terrenos destinados a la construcción del nuevo Estadio León.
Cabe resaltar que a todos los pagos realizados a partir de 2019, la escritura pública determina un interés legal ordinario a la tasa del 6 por ciento anual sobre saldos insolutos, sin embargo no se informó alguna cantidad adicional de pagos.
“A falta de pago oportuno de las parcialidades establecidas en el párrafo anterior, el comprador se obliga a pagar a el vendedor, intereses moratorios sobre saldo vencido, a razón de la tasa de interés del 6 por ciento anual, aplicables a partir del término en que debió hacerse el abono al qué se refiere esta cláusula y hasta que se realice el pago”, indica textualmente la escritura.
En caso de incumplimiento substancial del contrato, Grupo Pachuca cubrirá como pena convencional, además del interés moratorio, un 50 por ciento más de dicho interés, por todo el tiempo que ocurra la moratoria.
En la solicitud de transparencia, también se solicitaron copias simples de cada uno de los pagos recibidos, sin embargo, la SFIA dijo encontrase imposibilitada materialmente para proporcionarlas “debido a que el comprobante de pago generado al momento de la operación, es impreso por el ciudadano que lo realizó, por lo que no se cuenta con el original ni copia de dicho documento”.
Denuncias vigentes
El Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, integrado por profesionistas especializados en derecho, administración pública y auditoría pública, advirtieron en su denuncia expuesta ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el Congreso del Estado de Guanajuato que la compra venta del terreno, que será destinado para el nuevo estadio León, generó una pérdida patrimonial para los guanajuatenses de al menos 14 millones de pesos.
Todo deriva de la falta de aplicación del avalúo al momento de vender el terreno al Grupo Pachuca y haber utilizado el avalúo realizado al momento de su compra mas de 9 meses antes.
Esta situación implica, de acuerdo con la denuncia del observatorio, que la SFIA violentó el decreto gubernativo 314, en el que se establecieron las condiciones en las que autorizaba la compra y venta de los terrenos Angeles y Medina por el Congreso del Estado de Guanajuato, lo cual “implicaría una responsabilidad grave al generarse un detrimento patrimonial por dicho desacato”.
Destaca que esta situación no es la única que se ha detectado por el observatorio; sin embargo, cada una de ellas será expuesta de manera simultanea ante las autoridades competentes.
“Hasta el momento, se ha notificado la radicación de la denuncia y por ello, las autoridades por ley se encuentran obligadas a realizar la investigación correspondiente; sin embargo, esto no garantiza la coincidencia de resultados como lo observamos en el caso de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato”, advirtió el observatorio.
Por ahora, señalaron, resta dar seguimiento a las obligaciones de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, para que se determine si en efecto existen anomalías que han puesto en riesgo y en un palmo de manos, las finanzas públicas con el pretexto de solucionar la necesidad de uno de los grupos deportivos más connotados del futbol mexicano.
