Por: Oscar Alzaga*
Para el INEGI hoy el 60% de los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos: $246.44 diarios, o $7,393 mensuales (La Jornada 24-I-21). Mientras, los altos funcionarios de organismos autónomos y entidades estatales ganan arriba de 300 mil y 500 mil mensuales y son protegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar la suspensión a los amparos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la directiva de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 (La Jornada, 28-XII-20), que les permitirá seguir cobrando un sueldo mayor al del Presidente de la República, que en 2021 percibe $112,122 mensuales, pese al artículo 127 fracción II constitucional y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).
La caída salarial de la mayoría de los trabajadores nunca fue protegida por los gobiernos anteriores ni por la Suprema Corte ni el Congreso de la Unión, los bajaron a niveles de Guatemala y Honduras. En cambio, para los organismos autónomos creados en los gobiernos anteriores sí hubo protección a sus privilegios, en contra de la Constitución en el artículo primero: “Queda prohibida toda discriminación (…) que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
El mismo artículo establece: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Los organismos autónomos como el INE y otros, ¿son ajenos a la nación y a la mayoría de sus habitantes? El artículo 3 constitucional entiende que el Estado «Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”
No obstante que los tres incrementos salariales: 20% en 2019, 16% en 2020, y 15% en 2021, son notoriamente mayores que los otorgados por los gobiernos previos, sin embargo, son insuficientes, tal y como lo expone INEGI (otro organismo autónomo). A la vista de todos, los salarios y prestaciones mayores a 300 mil y 500 mil pesos al mes son abusivos y un lujo excesivo comparados con los salarios de la mayoría laboral cuyo origen es el mismo erario, del que dependen también millones de empleados y trabajadores, depende el gasto social nacional y ni más ni menos los recursos para atender la pandemia que tantas muertes y enfermos ha causado, además de afectar y llevar a la crisis económica y de empleo al país. Pero la Suprema Corte se niega a afectar los privilegios de unos cuantos funcionarios ante una mayoría laboral discriminada.
En ninguna parte de la Constitución se reconocen salarios de lujo para unos cuantos privilegiados, ni menos que esos funcionarios tengan más méritos que otros altos funcionarios para justificar así tales salarios suntuarios. ¿Acaso algún párrafo permite o al menos insinúa que algún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República? Justo la persona en que la mayoría del país depositó su más alta confianza en 2018, para gobernar por seis años.
Se trató de justificar tan altos salarios con argumentos como: “su autonomía es mucha responsabilidad y se debe remunerar”, como si los altos salarios garantizaran la responsabilidad y honradez. También se afirmó que así se erradicaba la corrupción. Todo fue falso. A quién se le puede ocurrir que un salario menor a 112 mil pesos al mes, digamos de 100 mil pesos, dañe los derechos humanos de una persona. ¿Será un criterio jurídico de la Suprema Corte o una mera simulación? ¿O será para su propia defensa tal criterio?, ya que los ministros de la Suprema Corte tienen las mayores percepciones nominales de los tres poderes públicos, arriba de 500 mil pesos al mes.
2020 fue el año de la pandemia de la Covid-19, que dejó a millones sin trabajo y que a otros millones de trabajadores les redujo su percepción, ya fuera un acuerdo bilateral para no cerrar fuentes de trabajo o decisión patronal unilateral. Por ello millones de asalariados sin empleo acuden a retirar sus fondos de pensión y afores, se endeudan y trabajan en lo que se puede, no en lo que quieren y saben hacer. Uno de los mayores gestos de solidaridad social en estos días son las remesas que los connacionales mandan de Estados Unidos a sus familiares, en verdad conmovedor porque allá las cosas no andan muy bien en el trabajo, la salud, los gastos diarios y la discriminación racial.
Los privilegiados de esos altos salarios no desconocen la realidad que lacera a la mayoría de las y los trabajadores y sus familias en este país. Solo se mecen en la hamaca de la desigualdad irracional neoliberal.
Los bajos salarios en México se explican en primer lugar por la debilidad de los sindicatos, por la falta de libertad sindical (ya que la sola reforma sindical no es suficiente si los trabajadores no tienen acceso a la justicia laboral y sindical), por sus líderes falsos y corruptos. Además, por la falta de sindicatos, ya que solo 4.5 millones de trabajadores están afiliados.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
