Por: Oscar Alzaga*
Los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el país, como el de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de la OEA, todos guardan la misma jerarquía que la Constitución, la Ley Suprema, y forman parte de ella, como lo señala su artículo primero. Por eso para la norma internacional el responsable es el Estado, por él responde el gobierno federal en turno. Como fue el caso de la desaparición forzada en 1974 del maestro Rosendo Radilla, durante la “guerra sucia” de Echeverría, por lo que tuvo que responder el gobierno de Calderón en 2011, cuya sanción fue reformar el artículo 1º de la Constitución para darle cabida —en el más alto nivel— a los derechos humanos que hasta entonces no existían en el país.
La reforma constitucional de 1992 para establecer las comisiones de derechos humanos —nacional y estatales—, por Salinas, fue una vil farsa y simulación que excluía de derechos humanos el laboral, sindical y electoral, sin que los demás fueran de obligatorio cumplimiento para las autoridades. Fue una típica reforma neoliberal, como lo fueron las reformas regresivas e inconstitucionales de Peña Nieto de 2013 en adelante: educativa, energéticos, comunicaciones, etc.
A la petición P-5-12, de 828 mineros y sus familias de Cananea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de 9 años otorgó la admisibilidad el 6 de mayo de 2021, un gran paso adelante: reabre el conflicto legal queilegalmente había sido cerrado por la Junta Federal, las autoridades de amparo y la Suprema Corte en 2011, para dar gusto a Germán Larrea, el segundo oligarca nacional. Cuatro gobiernosen la línea neoliberal: Salinas, Fox, Calderón y Peña contra el líder minero, el sindicato, los mineros y la huelga desde 30 de julio de 2007.
En 1989 Salinas privatiza la enorme mina de Cananea y le da el 5% al sindicato y el 95% a los oligarcas Jorge y Germán Larrea; igual es en Telmex: 4% a los telefonistas y 96% a Slim. En Cananea, padre e hijo Larrea deciden en 1990 que el 5% sea para el sindicato, pero en 2004 el hijo se niega a pagar y el Sindicato emplaza a huelga, pero de nuevo no hace caso y en ese mismo año estalla la huelga; sólo así, en 2005, paga Germán Larrea ante la Secretaría del Trabajo.
Entonces Larrea organiza la “vendetta” con varios despachos para demandar: en lo penal a líder minero Napoleón Gómez Urrutia; en lo laboral al Sindicato Minero y en la civil y mercantil a ambos. De modo paralelo Larrea organiza una campaña mediática contra el líder y el sindicato: en la TV, radio y prensa, acusándolo del robo del 5%, o 55 millones de dólares. El 17 de febrero de 2006Fox ordena retirar la toma de nota del líder minero y entregarla a un empleado de Larrea, pero el 19 de febrero ocurre la tragedia de Pasta de Conchos con 65 muertos por irresponsabilidad de Larrea, que incumple las observaciones de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Pero Fox libera 19 órdenes de prisión encontra de Gómez Urrutia, que lo hacen salir del país a un exilio forzado, así tipificado por la OIT.
Una escalada de violencia arrecia contra el sindicato minero.El 20 de abril de 2006, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la PFP y la policía de Michoacán desalojan a los mineros sin orden judicial, asesinan a 2 compañeros y quedan 51 heridos; lo que estádocumentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus Recomendaciones, la de Pasta de Conchos y la de los crímenes en Lázaro Cárdenas.
El 30 de julio de 2007 inician las huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco por violaciones a los respectivos contratos colectivos de trabajo, pues Larrea abandona las medidas de seguridad en esas minas, como se acredita con pruebas en el procedimiento de las huelgas. Larrea nunca da la cara pero sus abogados piden la inexistencia de las 3 huelgas y la Junta Federal,controlada por los empresarios, concede las inexistencias pero laspierde ante los amparos sindicales. Larrea acude a juicios paralelos en las 3 huelgas para pedir en cada una la terminación de las relaciones de trabajo, o sea el despido de los mineros, lo que la Junta Federal le concede en los 3 casos.
Para lograr el triunfo patronal en Cananea, en 2009 demanda además de la terminación de las relaciones de trabajo —por “causas de fuerza mayor”—, la del contrato colectivo y de la huelga, lo que le concede la Junta Federal. Y para presionar a las autoridades de amparo y de la Suprema Corte, Larrea pone a su abogado particular de secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de 2008 a 2010.
Germán Larrea y Peña Nieto
En este marco de violaciones de derechos humanos, sindicales y laborales a los 828 mineros y sus familias, al sindicato y a su líder en el exilio forzado, que culminan en 2011 cuando desalojan con lujo de violencia a los mineros huelguistas de Cananea, acuden en 2012 a la CIDH con sede en Washington. De entonces a la fecha de hoy, los mineros de Cananea arrecian su lucha de resistencia y dignidad.
Como en Taxco y Sombrerete, los mineros de Cananea no se doblan ni retroceden, aguantan lo indecible, porque Larrea retira en las 3 huelgas los servicios médicos y hospitalarios, además de los salarios y prestaciones, incorporándose las familias a la lucha de resistencia y dignidad de los mineros. Nueve años después, la CIDH concede la citada admisibilidad y resuelve como “Derechos declarados admisibles”, establecidos en:
“Artículo 8 (garantías judiciales), 16 (libertad de asociación), 25 (protección judicial) y 26 (desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana, en conexión con su artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos); y artículo 8 (derechos sindicales) del Protocolo de San Salvador.” Más lo que se agregue en el lapso de 4 meses, desde la fecha de notificación.”
La oligarquía y sus integrantes cometen los peores atropellos de los derechos humanos de la sociedad pero nunca dan la cara, es a través de otros como mueven los hilos del poder político, económico y a la sociedad, para ejercer sus decisiones, sin desprestigiarse.
Acaso ¿es la oligarquía el enemigo principal del pueblo y los trabajadores?
Sí, sin la menor duda.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
