Por: Oscar Alzaga*
La política neoliberal establecida desde 1982, pero con violencia y fraude electoral en 1988, se caracteriza como una política de laderecha-patronal, abusiva hasta lo ilegal, que sustituye el Estadode bienestar social por el Estado patronal de lucro a favor del monopolio internacional y del yanqui en particular.
Esos gobiernos, de 1988 a 2018, fomentaron tal política contra las y los trabajadores y sus derechos, permitieron el libre control patronal de las juntas de conciliación, federal y estatales, negando el acceso a la justicia laboral, debilitando los gremios sindicales y permitiendo todo tipo de recursos contra el derecho de huelga.
Con esa política colaboró el sindicalismo conocido como charro, que en 1982 inicia una profunda descomposiciónneoliberal: colabora con los gobiernos alineados a Estados Unidosy en la compra–venta de los contratos colectivos de trabajo en maquilas y luego en general —firmados a espaldas de los trabajadores— para volverlos de protección patronal; ayuda a crecer la subcontratación (outsourcing), colabora en incumplir la justicia laboral a favor del patrón, apoya los recursos patronales contra la huelga hasta llevarla a extremos de la pérdida del derecho y ayudan los líderes, nunca electos por las bases y por voto secreto, a debilitar los sindicatos, contra la principal función de ellos: la defensa de las y los trabajadores.
La caída de la tasa sindical fue un fenómeno internacional lo mismo que la flexibilización y las reformas laborales regresivas, ya que el fenómeno neoliberal fue y es internacional desde la mancuerna Reagan & Thatcher, el golpe de Estado en Chile, la caída del socialismo de 1982 a 90, el Consenso de Washington en 1990. En México, los gobiernos del PRI se volvieron contra lo mejor de la historia: la Revolución de 1910, la Constitución de 1917 y la obra del cardenismo de 1934-40. La privatización de las empresas públicas fue el desmantelamiento de toda la política social y a favor del capital: educación, seguridad social, puertos, territorio nacional, fronteras, energéticos, banca, etc. Peor aún, entregarlos al capital extranjero.
Fue el festín y la feria de la oligarquía que —a través de otros y sin dar la cara— reclama hoy volver al pasado: a través del PAN, PRI y PRD, medios y sindicatos de derecha, cámaras patronales y también algunos voceros del gobierno. Por lo cual, el cambio no es tan sencillo, como decir: “ya hicimos la reforma laboral por la libertad sindical, ahora toca a los trabajadores hacer su parte, para volverla realidad.” Lo que equivale a no entender el alcance de laestructural obra neoliberal. Es no darse cuenta que hasta ahora, el principal tribunal laboral no ha sido cambiado de lo que era antes, en los gobiernos pasados: impide el acceso a la justicia laboral.
En efecto, siguen las mismas prácticas, los mismos sobornos y el mismo personal, donde las empresas controlan la Junta Federal —la más importante del país— y sus resoluciones, pues no se hanquerido erradicar esas prácticas. Creyendo que la sustitución por los nuevos juzgados judiciales y los centros de conciliación federal y estatales llegarían antes de 2024; sin calcular que la carga de trabajo de la Junta Federal y las juntas estatales van a rebasar esa fecha.
Hoy las juntas de conciliación son un obstáculo para la justicia laboral, pues siguen bajo el control patronal y sin capacidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; para atender los conflictos sindicales fuertes tienen que apoyarla las secretarías de Gobernación y Economía. Y llega al extremo de que el presidente López Obrador busque apoyar a la directora de Notimex y que encuentre a la Junta Federal como opositora.
Veamos algunos casos para entender el acceso a la justicia laboral, obstaculizado por las autoridades de la Junta Federal y tribunales superiores puestas al servicio del capital: Las tres huelgas mineras de Taxco, Sombrerete y Cananea que iniciaron el 30 de julio de 2007, por violaciones a los contratos colectivos por esas empresas de Grupo México, del oligarca Germán Larrea, tales violaciones fueron acreditadas en el procedimiento de las huelgas: la empresa desconoce la representación sindical nacional y seccional; la inseguridad en la minas y la retención de cuotas. Pero Larrea prefirió pedir la inexistencia de las huelgas y al fracasar dos veces en Taxco y Sombrerete y cuatro en Cananea,en las inexistencias, acudió a recursos ilegales que la Junta y los tribunales de amparo aceptaron: pedir la terminación de las relaciones de trabajo y del contrato colectivo en Taxco por supuestos agotamientos de reservas minerales, recurso que fracasó dos veces pues Larrea dijo mentiras en la Junta que se aceptaron, en cambio en la bolsa mexicana de valores dijo lo contrario.
En Sombrerete, Larrea demandó la titularidad del Contrato Colectivo a través de la CROC, con el propósito de arrebatar el CCT y para terminar la huelga, pero ¡oh error! perdió el recuento con los mineros de Napoleón Gómez Urrutia. En Cananea —la joya de la corona— Larrea impuso su voluntad: demandó la terminación de las relaciones de trabajo y del CCT con una demanda de naturaleza fantástica: “por causas de fuerza mayor”, que aceptó la inefable Junta Federal, pero también los tribunales de amparo y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, antes Larrea logró que el gobierno de Calderón aceptara que su abogado particular, Gómez Mont, fuera secretario de Gobernación de 2008 a 2010. Con lo cual resolvió todo a su manera.
Pero pasado el tiempo de aquellos gobiernos, el Sindicato Minero había resistido todas las agresiones de Larrea, el mandamás de Grupo México, y los tiempos ya habían cambiado: en Taxco AMLO abrió la conciliación del conflicto, pero Larrea se niega por soberbia a llegar a un acuerdo con el Sindicato Minero; en Cananea el Sindicato acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2012, y en 2021 obtuvo la admisibilidad, negando la Comisión que fuera legal la demanda “por causas de fuerza mayor”, ni en la Junta Federal, ni en los tribunales de amparo ni en la Suprema Corte. Rescatando así los mineros de Cananea el derecho de huelga.
En la huelga de Sombrerete la Suprema Corte no solo reprobólas violaciones a la Ley Laboral cometidas por la empresa y patrónoligarca, también se estableció en la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte, el 23 de junio de 2021, que no procedían los recursos que impidieran el derecho de huelga, restableciendo con esta resolución el derecho supremo de la huelga, que Larrea había negado con el apoyo de los gobiernos neoliberales.
En Taxco no hubo un sindicato al servicio de Larrea, en cambio en Sombrerete tanto un sindicato de la CROC como los “blancos” de Monterrey fueron puestos para ser usados por Larrea, para degradarse a los pies del patrón. Ni eso les sirvió, pero la CROC mostró su cara de lacayo y los sindicatos blancos de Monterrey también.
Pero en Cananea, Larrea con su secretario de Gobernación logró la peor bajeza ilegal: desaparecer el derecho de huelga, el contrato de trabajo y despedir a 1,200 mineros sin base legal alguna, como lo denunció la Interamericana, ante lo cual el Sindicato de la CTM de Sonora se rebajó a los pies de Larrea para servirlo vilmente firmando un CCT, ya que lo único que hizo fue estirar la mano para recibir una limosna patronal, ya que firmó un contrato colectivo de protección patronal, por demás ilegal en todo su contenido. ¿Por qué la CTM de Sonora firmó un contrato colectivo patronal, como tantos otros? Porque el salario promedio con el Sindicato Minero en 2007 era de $450 pesos diarios, y con la CTM en 2013 era de 150 pesos diarios. Esa fue la legalidad y el discreto encanto de Germán Larrea.
La democratización de la CTM, la CROC y de los sindicatos de Pemex, CFE y ferroviarios, así como de la FSTSE no es obra fácil, se requiere de la participación de toda la sociedad, autoridades, gobierno, universidades y la sociedad toda y, desde luego, en primer lugar, de las y los trabajadores.
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
