Por un sinnúmero de presuntos actos de corrupción piden que se audite su gobierno.
El Grupo Parlamentario del PVEM presentó una propuesta de punto de acuerdo, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la práctica de una auditoría integral a la administración pública municipal de Salamanca, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 2021.
En la exposición de motivos, el diputado Gerardo Fernández González destacó que los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las diferentes funciones y servicios públicos, a cargo de los poderes del estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, por lo cual, la propia ley ha establecido los mecanismos e instrumentos para controlar y supervisar el manejo y aplicación correcta de cada peso que se destina a un fin determinado.
En este sentido, señaló que las constantes irregularidades, inconsistencias, interrogantes y posibles actos de corrupción en la que pudieran haber incurridos diversos servidores públicos en la administración pública municipal de Salamanca, por el periodo 2018-2021, deben ser aclaradas y en su caso si así lo llegara a determinar la Auditoría Superior del Estado, fincar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Mencionó que entre las irregularidades que se detectaron durante dicho periodo destacan: contratos entregados mediante adjudicación directa, sin justificación y fundamento; irregularidades en la renta de maquinaria en el relleno sanitario; adquisición de uniformes sin previo procedimiento; entorpecimiento en las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Municipal para revisar los procedimientos de adquisición; despido arbitrario de servidores públicos que llevaban a cabo investigaciones para detectar posibles actos de corrupción.
Además de intimidación de servidores públicos para que no cumplan con sus funciones; obra pública inconclusa y pagada, y obra pública de calidad no acorde con el contrato con un exceso de pago; desvió de recursos públicos y manipulación del presupuesto sin consentimiento de ayuntamiento; pagos de servicios privados de funcionarios y familiares con recursos del erario; omisiones y abandono de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado un daño al patrimonio del municipio; entre otros.
Asimismo, recordó que el 24 de octubre de 2019, el Pleno del Congreso del Estado aprobó ordenar a la Auditoría Superior del Estado la práctica de una auditoría concomitante a la Administración Pública Municipal de Salamanca, en relación con el procedimiento de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, cumplimiento y demás actos relacionados con el procedimiento de adjudicación que culminó con el contrato número C-RM-15/2019 de fecha 15 de marzo de 2019 y su adendum de fecha 19 de marzo de 2019, para el suministro e instalación de veintidós mil luminarias de tecnología LED en dicho Municipio, así como el contrato de arrendamiento de un vehículo de motor.
Refirió que, al concluir dicha auditoría, en que fue irregular todo el procedimiento bajo el cual se renovaron las luminarias y arrendamiento de una camioneta blindada parala presidenta municipal de Salamanca, se detectó un daño al erario por casi 42 millones de pesos.
“Por ello, pedimos la práctica de una auditoría integral a la administración pública municipal de Salamanca, en el periodo 2018 –2021, en la cual se comprenda, la revisión legal, económica, financiera, administrativa y contable del ingreso y gasto público, abarcando todos los aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, patrimonial y programática de la administración municipal; así como a la deuda pública, la obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la administración de los recursos humanos*”, finalizó.
La propuesta legal se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
