Apuntan que la máxima Casa de Estudios recibe semestralmente millones de pesos por aranceles de inscripción.
La diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del grupo parlamentario del partido MORENA, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, a fin de que lleven a cabo las acciones necesarias para reducir en su totalidad los aranceles de inscripción, al menos, a todos los programas académicos de nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciaturas.
González Sánchez se refirió a un punto de acuerdo presentado por su grupo parlamentario en la anterior Legislatura en la misma materia, y el cual, dijo, permanecía congelado en la Comisión de Educación, pese a la importancia del tema, por lo que subrayó insistían en la necesidad de que en la máxima casa de estudios se establecieran medidas a fin de garantizar el derecho a la educación.
En ese sentido, refirió que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establecía que la educación era un derecho humano intrínseco y además constituía un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos; siendo el principal medio que permitía a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades.
Agregó que el derecho a la educación no sólo era uno de los pilares de todo Estado de Bienestar, sino que era un bien público que permitía a las personas desarrollarse plenamente y contribuir al desarrollo de su comunidad.
La congresista argumentó que los dispositivos internacionales de Derechos Humanos reconocían que la educación era un derecho clave para que la ciudadanía accediera a otros derechos constitucionales, y no sólo era un derecho que debían garantizar, sino también una herramienta que contribuía al desarrollo social y económico de la entidad.
En ese sentido, manifestó que, pese a la importancia de la educación, existían muchas barreras financieras a las que se enfrentaban tanto las personas que buscaban ejercer el derecho a la educación como sus familias.
“Debemos reafirmar la atención que desde Morena hemos puesto en tres de estas barreras: el costo de oportunidad de la educación, los costos indirectos y los costos directos…El inminente regreso a clases de muchas instituciones educativas pone sobre la mesa los costos directos de la educación pública; es decir, las cuotas escolares que deben cubrirse para intentar ingresar a los niveles medio superior y superior, así como al inicio de cada ciclo escolar”, apuntó.
Después de detallar los costos de examen de admisión, inscripción semestral y la inscripción a programas de lenguas extrajeras, la congresista subrayó que dichos costos eran insorteables para las familias que ya de por sí hacían un esfuerzo importante para solventar el costo de oportunidad y los gastos indirectos que representaba que uno de sus miembros estudie, lo que podía generar que los hijos e hijas de familias trabajadoras en la entidad opten por abandonar sus estudio o ni siquiera intenten ingresar a los mismos.
Sánchez González habló también de las cifras de deserción que provocó la pandemia y precisó que quienes estudiaban en la Universidad de Guanajuato no habían sido inmunes a dichas problemáticas; mientras que se justificaba no eliminar el cobro porque sin éste la universidad sería incapaz de funcionar correctamente y que de ahí se financiaban las becas y condonaciones para quienes no podían pagar la inscripción, esa realidad, dijo, contrastaba con los apoyo reales que se habían dado de menos de 49 millones, cuando tanto solo en el nivel superior se recaudaron más de 107 millones de pesos.
“Pareciera que la negativa puede tener otras motivaciones, tales como los cuestionamientos que tendrían los casi $168 mil pesos mensuales que percibe el rector general o los más de $151 mil que percibe el secretario general mensualmente, así como la evidente falta de austeridad con que viven las élites universitarias”, enfatizó la legisladora.
La solicitud de obvia resolución fue aprobada.
Para hablar en contra de la propuesta, hizo uso de la tribuna la diputada Lilia Margarita Rionda Salas, quien comentó que la Universidad de Guanajuato atendió una solicitud en la que se enunció la garantía de una educación gratuita de forma gradual y a partir de la constitución de un fondo especial, agregando que la creación de dicho fondo se necesita para confirmar las asignaciones de recursos a la institución educativa estatal.
Asimismo, indicó que podrían cambiar el exhorto, a fin de instar a que el Ejecutivo Federal dé cumplimiento a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para la constitución del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior y con ello garantizar la asignación de los recursos correspondientes.
Rinda Salas subrayó que el exhorto permitiría que se realicen las adecuaciones presupuestales al paquete recientemente aprobado por Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y también podrían indicar que se consideren las asignaciones de recursos al citado fondo para el próximo ejercicio fiscal.
“Estimo que con ello estaríamos cumpliendo el mandato a la reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene el derecho a recibir educación y que el Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior y a las exigencias de la Ley General de Educación de Superior”, dijo.
La congresista hizo mención que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se aprobó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022, al cual no se le permitió modificación alguna y también no consideró la instauración del Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
Finalmente, Rionda Salas expresó que el exhorto a la incorporación de las asignaciones presupuestales por parte del Ejecutivo Federal sería la manera más efectiva de garantizar la gratuidad de la educación superior.
En rectificación de hechos, la legisladora Irma Leticia González Sánchez mencionó que, si ya se hubiera analizado, se habría hecho en comisiones y que sin bien era similar al formulado por el grupo parlamentario de Morena en la anterior Legislatura, el anterior se había archivado, por lo que pidió que se pasara a Comisión para analizarse.
El diputado David Martínez Mendizábal habló a favor de la propuesta y señaló que otra vez se estaba pidiendo al gobierno federal que resolviera los problemas de la entidad, mientras que lo que se buscaba era lograr el derecho humano a la educación y no deberían atribuirle a una sola esfera ese propósito, sino que lo que se buscaba era lograr la gratuidad en la educación.
Señaló que en Guanajuato únicamente el 1% de la población era de clase alta; el 35% era de clase media y el 63% clase baja; que los avances no habían sido suficientes y que la escolaridad en Guanajuato en promedio era la secundaria, que el estado estaba muy mal en el tema.
Martínez Mendizábal indicó que el elemento fundamental que se discutía era la gratuidad y su postura al respecto, y que se escuchaba hasta el cansancio que les tenía que costar para que lo valoraran pero que esa aseveración era falsa.
Finalmente los invitó a votar a favor para que los estudiantes que habían desertado se puedan reintegrar porque, dijo, se les estaba impidiendo un futuro mejor.
En rectificación de hechos, la congresista Lilia Margarita Rionda Salas señaló que no debían confundirse y que nadie se oponían al beneficio de la juventud, de los guanajuatenses ni mucho menos de los mexicanos, sino que de lo que se estaba hablando era que si en el Congreso Mexicano se imponían las leyes y se aprobaba el presupuesto porque no se entregaba para destinarlo a la educación, porque exigirle a la Universidad de Guanajuato que debía cumplir si no tenía el presupuesto para hacerlo, que le dieran el recurso para poder hacerlo.
Al ser sometido a votación, el punto de acuerdo no fue aprobado y se instruyó a su archivo definitivo.
