Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de Ley para incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de los Servidores Públicos.
La propuesta analizada tiene por objeto generar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción y tengan la seguridad de que no habrá actos en su contra, y a su vez incentivar la denuncia por parte de personas que tengan conocimientos de actos de corrupción que también contribuya a incrementar la confianza en las instituciones gubernamentales.
De manera general, se mencionó que la iniciativa sería inviable debido a que se han formulado diversas normativas para sancionar los actos de corrupción en servidores públicos, así como instancias específicas que cumplen con la tarea de brindar protección a los denunciantes; además de que la aprobación de la propuesta legal haría necesario una armonización de las leyes que prevén, sancionan y buscan erradicar dichos actos para garantizar con éxito su incorporación.
Asimismo, se comentó que existe incompatibilidad en las formas y procedimientos de la iniciativa con el actual Sistema Anticorrupción Nacional, por lo que, de aprobarse podría ser impugnada y declarada inconstitucional.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas coincidió con las opiniones de los órganos gubernamentales presentes, al afirmar que en el Sistema Nacional Anticorrupción se han logrado construir mecanismos que faciliten cualquier tipo de denuncia y salvaguardar la privacidad y la misma integridad del denunciante. Agregó que la iniciativa se conflictúa con muchos de los ordenamientos y deja fuera mecanismos que pueden combatir de manera tangible los actos de corrupción.
Finalmente, se señaló que no existe una distinción entre el tipo de persona a sancionar, al sólo mencionarse de manera general a servidores públicos, aunado a que los objetivos que presenta la iniciativa ya se encuentran contemplados en leyes vigentes de carácter local y federal, por lo que se instruyó a la secretaria técnica de la Comisión la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido negativo.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Susana Bermúdez Cano y los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González; así como funcionarios del Poder Ejecutivo, Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y del IACIP, junto a los asesores de los diferentes grupos parlamentarios.
