Convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones se llevó a cabo la última mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que busca hacer la evolución del actual servicio de transporte ejecutivo a un modelo de libre mercado.
En primera instancia, el secretario técnico de la Comisión hizo una recapitulación de las propuestas formuladas en las mesas de trabajo previas, en donde señaló las que eran viables y las que podrían ser inconstitucionales.
José Luis Manrique, subsecretario de Servicios a la Comunidad, apuntó que coincidían con la totalidad de los puntos no atendibles en la reforma en cuestión, y solicitó que el director general de Asuntos Jurídicos especificara los aspectos que sí se contemplarían.
En ese sentido, Alejandro Sierra Lugo señaló que se podía definir el transporte privado; puntualizar que la contratación de los servicios se deje de prever a través de dispositivos electrónicos para evitar la contratación fuera de la plataforma tecnológica; contemplar la cancelación del registro; mejorar la redacción relativa al tema de la póliza de seguro; y prever en las atribuciones de la unidad administrativa de Transporte que lleve el registro y control de los vehículos destinados a la prestación de transporte privado.
También, facultar a los inspectores a vigilar dicho servicio, definir el código de respuesta rápida QR, y que se cuente con un sistema para que los usuarios puedan incorporar quejas.
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas insistió en que se incluya entre los requisitos para el registro a la plataforma el solicitar la carta de antecedentes no penales, con la finalidad de abonar más al tema de seguridad. Sierra Lugo manifestó que pedir ese tipo de requisitos ya ha sido declarado inconstitucional; mientras que el legislador apuntó que no se trataba de un tema laboral porque no había una relación de ese tipo.
Por su parte, el congresista Martín López Camacho subrayó que quedaba satisfecho porque un número importante de los comentarios realizados en las mesas previas eran los que este día se estaban atendiendo y, en ese sentido, instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.
En los trabajos participaron la diputada Yulma Rocha Aguilar; así como los diputados Martín López Camacho (presidente de la Comisión), Bricio Balderas Álvarez, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González.
Además, estuvieron presentes José Luis Manrique, subsecretario de Servicios a la Comunidad; Federico Ruiz Chávez y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica; Alejandro Sierra Lugo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno; y asesores de distintas fracciones parlamentarias.
