El número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico.

Guanajuato, Gto. – La diputada Irma Leticia González Sánchez  de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 46 Ayuntamientos de los municipios que elaboren un protocolo de protección a periodistas, que sirva para garantizar su libertad de expresión de informar; así como al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato para que revisen y actualicen los protocolos de seguridad y autoprotección de los periodistas.

Al hacer uso de la voz, la congresista indicó que la libertad de expresión es el derecho que se tiene a pensar y compartir con otras personas las ideas, reflexiones y opiniones, además de su distribución por cualquier medio y con personas de cualquier otro país, especificando que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar la libertad de expresión.

“Los tres órdenes de gobierno están obligados a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho. Gobierno y sociedad deben garantizar que los obstáculos que enfrenta la libertad de expresión sean removidos”, dijo.

Asimismo, la legisladora indicó  que el incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico, que se traduce a la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio.

“Es obligación de las autoridades producir datos de calidad que puedan ser usados para planificar adecuadamente los diferentes operativos de las fuerzas policiales, de forma tal que favorezcan las acciones de tipo preventivo frente a las de tipo represivo”, refirió.

González Sánchez precisó la necesidad de que cada uno de los municipios contemplen la elaboración de un protocolo de protección a periodistas en especial aquellos de cobertura de hechos delictivos, argumentando que en municipios como Irapuato y Celaya se han registrado agresiones físicas y verbales en contra de periodistas que realizaban su trabajo.

“El ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe ejercerse sin restricción y sin mayores límites que los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito”, finalizó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.