El fiscal nombrado para dirigir una nueva investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 renunció al cargo, informó este martes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un anuncio que generó temor entre los familiares de las víctimas sobre la independencia de las pesquisas.
La renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo ocurre luego que la justicia mexicana ordenó el mes pasado la detención de más de 80 personas involucradas en el llamado caso Ayotzinapa, -incluyendo un exfuncionario de alto nivel y mandos militares-, en una de las acciones más ostentosas implementadas en torno al caso hasta ese momento.
Pero desde entonces la fiscalía solo ha ejecutado cuatro detenciones y habría desistido de al menos una veintena de ellas, según informaron los familiares.
«El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión», dijo López Obrador durante su habitual conferencia matinal.
De inmediato, los deudos denunciaron que la renuncia del fiscal especial «evidencia la injerencia indebida» de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General de la República (FGR), según un comunicado del Centro Prodh, la oenegé que los asesora legalmente.
Las familias atribuyen también a superiores de Gómez «la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión», situación que consideran «en extremo preocupante para seguir adelante en el proceso de justicia del caso».
La renuncia se confirma un día después del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, cuando miles de personas marcharon en Ciudad de México reclamando que el gobierno está dando «señales que no van en la dirección de los compromisos que hizo» para esclarecer el caso, dijo el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.
En respuesta, López Obrador pidió este martes a las familias de los estudiantes «que tengan confianza» en las autoridades para «continuar con la investigación».
El mandatario izquierdista devolvió el caso al primer plano con la creación de una comisión de la verdad, conformada al inicio de su mandato en diciembre de 2018.
Su primer informe, presentado el pasado 18 de agosto, refuta la llamada «verdad histórica» de los hechos que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que era rechazada por los familiares.
La investigación acredita la participación de militares en el crimen y desembocó en la captura del exfiscal general Jesús Murillo Karam -gestor de la «verdad histórica»- y tres militares, incluido un general.
