Del 16 de septiembre al 22 de octubre, 674 personas obtuvieron su libertad tras permanecer en centros penitenciarios federales y estatales; de este total, 645 se ampararon bajo el mecanismo de preliberación, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Cumplieron con los requisitos de ley para ser sujetos de liberación 33 mujeres, 22 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas y 464 personas.

En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la SSPC mencionó que “se trata, en la mayoría de los casos, de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades».

A través de la Ley de Amnistía, se sumaron 29 personas, de los cuales 20 tenían escasos recursos económicos, dos mujeres, dos indígenas, dos personas con discapacidad, dos víctimas de intimidación y una víctima de discriminación, refirió.

Del 1 de julio al 26 de octubre de 2022, se reportan 3 mil 194 preliberaciones y 165 amnistías, lo que significa un total de 3 mil 359 personas que recuperaron su libertad.

Presidente refrenda compromiso de continuar investigación a fondo sobre caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso del Gobierno de México, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de continuar con las investigaciones y procesos judiciales derivados de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014.

“Es un asunto para nosotros fundamental: tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los muchachos. (…) Cada vez tenemos más información, no vamos a detener la búsqueda y no vamos a dejar de trabajar”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que este caso se realiza bajo los principios de cero impunidad y cero corrupción al romper el pacto de silencio que imperó en el sexenio anterior.

A partir de la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, dijo, se procedió a la detención de servidores públicos civiles y militares, en aras de dar castigo sin excepción a los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes y el posterior encubrimiento del delito.