La organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) ha confirmado que, tras la masacre ocurrida en el CRAD la noche del 1 de octubre, la encargada del centro y la propietaria del mismo han sido víctimas de desaparición forzada.

Testigos del incidente informaron que ambas mujeres fueron abordadas por hombres en una camioneta blanca. Sin embargo, no se ha confirmado si fueron las únicas secuestradas o si hay más víctimas involucradas.

Es importante señalar que en los últimos cinco años, Guanajuato ha registrado un total de 70 ataques a anexos, de los cuales dos han tenido lugar en Salamanca. En este último incidente, se reportaron cuatro víctimas mortales y cinco personas lesionadas.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la situación de las dos mujeres desaparecidas, aunque se espera obtener información sobre su paradero en el futuro cercano.

En el estado operan 110 centros de rehabilitación, de los cuales 45 se encuentran en Salamanca, muchos de ellos funcionando de manera irregular. Cabe mencionar que los «anexos» o centros de rehabilitación no están regulados por el Municipio, ya que su supervisión y regulación corresponden al Sistema de Salud del Estado de Guanajuato. La Secretaría de Salud ha recibido reportes sobre el surgimiento de estos centros y ha realizado visitas de verificación para asegurar que cumplan con la normativa establecida. Se tiene conocimiento de que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha llevado a cabo visitas y ha aplicado medidas de suspensión a aquellos centros que presentaron irregularidades. La dirección general de Protección contra Riesgos Sanitarios también participa en estas supervisiones para garantizar la calidad de los servicios de rehabilitación y el bienestar de los usuarios.

La CRUB expresa su preocupación por este tipo de actos y advierte que, si no se trabaja en conjunto con las autoridades, la situación de los anexos, no solo en Salamanca, sino en todo el estado, seguirá deteriorándose.

Por otro lado, CRUB destaca la importancia de operar de manera regular; sin embargo, las condiciones actuales no lo han permitido, dado que requieren un permiso federal, instalaciones adecuadas y otros trámites. Desafortunadamente, la mayoría de estos centros son pequeños y no cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor.

A pesar de las limitaciones, la organización afirma que contribuyen a la rehabilitación de personas con adicciones y que su trabajo ayuda a inhibir entre tres y cinco delitos, incluyendo homicidios y robos.