La propuesta incluye medidas para proteger a las víctimas durante los procesos judiciales.
El gobierno federal ha presentado al Congreso una propuesta para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales que permita que el delito de extorsión sea investigado sin que sea necesaria la denuncia previa de la víctima.
Actualmente, la legislación exige que la víctima interponga una denuncia para que las autoridades puedan actuar, lo que limita la capacidad de respuesta y genera altos niveles de impunidad en este tipo de casos.
Con esta reforma, se busca que las autoridades puedan iniciar de oficio las investigaciones para combatir con mayor eficacia la extorsión, un delito que provoca afectaciones económicas significativas y un clima de inseguridad en diferentes sectores sociales.
El planteamiento también incluye disposiciones para proteger a las personas afectadas durante el proceso, garantizando sus derechos y su integridad, así como facilitar que la ciudadanía colabore con el sistema de justicia sin temor.
El Ejecutivo enfatiza que fortalecer el marco jurídico contra la extorsión es crucial para enfrentar no solo este delito, sino también otros ilícitos vinculados como el secuestro y la violencia organizada, buscando reducir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
La iniciativa será analizada por las comisiones legislativas competentes, mientras el debate público se intensifica ante la gravedad del problema que afecta a diversas regiones del país.
