La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente que podría marcar un antes y un después para miles de pacientes víctimas de negligencia médica en instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país determinó que las personas afectadas pueden presentar demandas directamente contra el personal médico responsable, sin importar que se trate de profesionales adscritos a instituciones gubernamentales. La vía adecuada para exigir responsabilidad individual es la civil ordinaria, siempre que se logre acreditar la culpa del médico o médica en cuestión.
Por otro lado, si lo que se busca es que el Estado asuma la responsabilidad por fallas en los servicios públicos de salud, la ruta es distinta: debe presentarse una demanda administrativa, conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ambas acciones pueden coexistir, aunque cada una implica un procedimiento legal separado.
Esta decisión representa un avance significativo en el acceso a la justicia, pues elimina la ambigüedad que durante años ha provocado que muchas demandas sean desechadas por tecnicismos o por considerarse interpuestas “por la vía incorrecta”.
Con este criterio, la Corte ofrece certidumbre tanto a víctimas como a sus representantes legales, garantizando que los casos de negligencia médica ya no se pierdan entre vacíos legales y confusiones procesales.
