El proyecto de semaforización en ocho zonas de Guanajuato capital, con un presupuesto de 58 millones de pesos de recurso municipal, comenzó formalmente el pasado 1 de agosto y se prevé concluya el 28 de noviembre del presente año. Sin embargo, a la fecha no se registran avances visibles en las zonas asignadas y los detalles de la licitación nacional otorgada a la empresa SEMEX S.A. de C.V. permanecen reservados.

La regidora de Morena, María Fernanda Arellano Caudillo, señaló desde el inicio del proceso que este contrato representa un “acto de corrupción”, al no contar con dictámenes técnicos ni sustento en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).
De acuerdo con la edil, tampoco se entregaron carpetas ni soportes técnicos a la Comisión de Adjudicación de Obra, lo que genera dudas sobre la justificación real de instalar los nuevos semáforos.

A la falta de transparencia se suma el reconocimiento de la delegada de la SICT en Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, quien confirmó a la regidora capitalina que algunas de las zonas contempladas para el proyecto ni siquiera son de jurisdicción federal, lo que refleja un posible desconocimiento del propio municipio sobre los alcances de sus obras.

Arellano Caudillo también advirtió un patrón repetitivo en la adjudicación de contratos a SEMEX, empresa que ha resultado beneficiada en varios municipios gobernados por el PAN: Silao (100 millones de pesos), Dolores Hidalgo (110 mdp), Apaseo el Grande (35 mdp), Valle de Santiago (57 mdp) e Irapuato (165 mdp).

La regidora afirmó que este esquema obedece a un presunto pago de favores políticos, al señalar que “en un mes se adjudicó todo, sin la instalación de la comisión de adjudicación de obra y el mismo día de la obra no se dio ninguna documentación”.

Mientras tanto, la ciudadanía continúa sin ver avances en la instalación de los semáforos, mientras el contrato y la ejecución de los recursos permanecen bajo cuestionamientos.