El caso de los apoyos a mujeres emprendedoras en Salamanca sigue generando polémica y descontento ciudadano. Comerciantes denunciaron que varias beneficiarias resultaron ser familiares directos y cercanos de funcionarios municipales, así como colaboradoras y líderes de colonias vinculadas a la presidenta del DIF, Eugenia Martínez Carrillo.
Entre los casos más notorios está el de la regidora panista Patricia García Flores, cuya madre, dos hermanas y otra familiar recibieron el beneficio.
Se buscó la postura de la fracción panista y acudieron a entrevista los regidores Emilia Verástegui, Gerardo Almanza y Missael Solis, quienes se deslindaron del proceso, asegurando que no tuvieron intervención en la selección y que el caso debe ser revisado por la Contraloría.
Sin embargo, ninguno pudo explicar cómo es posible que tres familiares directos y una más de su compañera regidora fueran beneficiadas, lo que deja sin respuesta la principal inquietud de los ciudadanos: el posible favoritismo en un programa público.
La propia Patricia García Flores, señalada directamente por comerciantes, no acudió a la entrevista solicitada y se limitó a publicar un comunicado en redes sociales. Su ausencia fue interpretada como una negativa a dar la cara ante la opinión pública.
Tampoco hubo claridad del gobierno municipal. El Director General de Desarrollo Económico, Luis Peña, primero afirmó no tener el reporte para informar sobre el proceso de selección. Al día siguiente, dijo tener un compromiso y no dio la entrevista.
Fuentes internas señalan que no se le autorizó a dar una declaración formal, lo que refuerza la percepción de que no hay disposición para transparentar el manejo del programa.
En la práctica, el silencio del funcionario y la falta de una explicación oficial apuntan a una línea clara desde la administración de César Prieto: evitar rendir cuentas sobre un proceso cuestionado.
Para los comerciantes inconformes, la opacidad no es casualidad. Señalan que los apoyos llegaron a manos de personas sin trayectoria comprobada en el comercio, mientras comerciantes de antaño, que cumplen con el perfil, fueron ignorados.
Además, recuerdan que el propio alcalde reconoció que él mismo filtró la lista de beneficiarias, lo que agrava las dudas sobre la imparcialidad del programa.
En este seguimiento, queda claro que ni el panismo en el Ayuntamiento ni el gobierno de César Prieto ofrecen respuestas contundentes.
La falta de transparencia, las omisiones en las entrevistas y la ausencia de explicaciones sólidas confirman que este programa, en lugar de fortalecer el apoyo a emprendedoras, deja la imagen de una gestión cerrada, opaca y con favoritismos que benefician a quienes están cerca del poder.
El costo político de este caso no es menor: el PAN queda exhibido por no poder explicar el privilegio de una de sus regidoras, y César Prieto carga con la sombra de encabezar un gobierno que no transparenta ni asume la responsabilidad de procesos que deberían ser públicos y claros.
