En Guanajuato, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) solo dieron de baja a tres de cada cuatro policías que reprobaron los exámenes de control de confianza durante 2024. El resto, a pesar de haber sido calificado como “no apto”, continuó en funciones.

Así lo revela el Informe de Transparencia del Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia, publicado por la organización nacional Causa en Común, basada en información entregada por el propio gobierno estatal.

El dato resulta llamativo porque durante más de una década, el exsecretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, exigió a los municipios depurar a sus corporaciones sin excepciones. Sin embargo, la misma política no se aplicó de manera estricta en la institución estatal que él encabezaba.

Aunque el estudio reconoce que el 99% de los elementos de la FSPE cuentan con controles vigentes y aprobados, también subraya que en 2024 no hubo una depuración total de quienes reprobaron.

El informe también alerta sobre la baja estabilidad laboral dentro de la corporación, el cual, enfrenta graves problemas para retener y reclutar personal. De acuerdo con los registros oficiales, el estado de fuerza real es de 3 mil 912 elementos activos, lo que refleja una disminución preocupante en comparación con años anteriores.

En cuanto a la atención al personal, la situación tampoco es alentadora, ya que actualmente solo hay dos psicólogos para toda la corporación, una cifra insuficiente para atender la presión, el estrés y los riesgos que conlleva la labor policial. Causa en Común propone reformar la Ley de Seguridad Pública estatal y crear una unidad de atención psicológica, o en su defecto, convenios con universidades para ofrecer apoyo mental digno.

Otro punto crítico es la edad de retiro establecida en Guanajuato. Hoy en día, los policías deben esperar hasta los 65 años y cumplir con al menos 30 de cotización en el caso de los hombres. El informe advierte que este esquema es inadecuado para una profesión que impacta severamente la salud física y emocional, y recomienda fijar la jubilación entre los 55 y 59 años, con opción de retiro anticipado.

Con estos hallazgos, el estudio concluye que la seguridad pública estatal no solo enfrenta un déficit de elementos, sino que también mantiene en activo a personal que no cumple con los estándares básicos de confianza, mientras descuida la salud y el bienestar de quienes sí cumplen.