La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) exhibió nuevamente las fallas del sistema educativo estatal, al emitir cinco recomendaciones contra personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) por violaciones a los derechos humanos de estudiantes de nivel básico en León, Romita y Celaya.

Según información publicada por periódico AM, las quejas incluyen maltrato por parte de docentes, exclusión y falta de aplicación de protocolos en casos de acoso escolar, lo que contradice el discurso oficial de “cero tolerancia” que tanto presume el gobierno estatal.

El caso más alarmante fue el de una primaria en León, donde una docente negó una educación adecuada a un estudiante identificado como NN-01, al no considerar sus necesidades derivadas del espectro autista (síndrome de Asperger).

De acuerdo con la queja presentada, la maestra ordenó que el menor trabajara fuera del salón, ignoró las recomendaciones de su psicóloga y reveló su diagnóstico a otros padres de familia.

La Prodheg determinó que ya existía un acta administrativa previa por violencia escolar contra la misma docente, y concluyó que ejerció “violencia psicoemocional a través del lenguaje y de exclusión”.
Por ello, se recomendó abrir una investigación administrativa, anexar la resolución a su expediente y brindarle capacitación en inclusión educativa.

En León también se documentaron otros dos casos.
Uno contra una maestra de preescolar que maltrató verbalmente a un alumno, lo llamaba “niño mal portado” y lo dejaba fuera del salón mientras lloraba, negándole incluso un regalo que sí entregó a los demás.

En otra primaria, un alumno con problemas de lenguaje denunció agresiones de una maestra y un compañero. Aunque no se acreditaron golpes, el director fue señalado por no intervenir ante las quejas.

En Romita, un estudiante fue humillado públicamente luego de que se le prohibiera ir al baño, y en Celaya se documentó un caso de bullying que no fue atendido por las autoridades escolares, reveló AM.

La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que, derivado de las quejas tramitadas ante la Prodheg durante 2023, solo se aplicaron sanciones menores: suspensiones de cinco días sin goce de sueldo y una separación definitiva del cargo.
Dos de los casos quedaron sin sanción laboral.

Pese a esto, la SEG reiteró su “compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, aunque los hechos muestran lo contrario.

El pasado 15 de marzo, el titular de la SEG, Luis Ignacio Sánchez Gómez, volvió a presumir públicamente la política de “cero tolerancia” contra el abuso en las escuelas, asegurando que no se protege a maestros agresores ni hay negociaciones sindicales.
Puso como ejemplo el caso de la primaria José López Portillo en Celaya, donde un profesor mostró sus partes íntimas a cuatro niñas de cuarto grado, provocando bloqueos de padres que exigieron justicia.

Según periódico AM, la SEG informó que el profesor fue separado del cargo y denunciado ante la Fiscalía, además de remover a la directora del plantel por presunto encubrimiento.
“El mensaje de la Gobernadora es contundente sobre la cero tolerancia”, dijo el Secretario, destacando la colaboración con instancias de atención a víctimas.

Pese al discurso oficial, los casos se repiten año tras año, y las sanciones siguen siendo más simbólicas que efectivas.
Mientras tanto, niñas, niños y adolescentes continúan expuestos al maltrato, la exclusión y la negligencia, en un sistema que solo actúa cuando el escándalo trasciende a los medios.