En Salamanca se anunció la creación de un corralón municipal, proyecto que César Prieto asegura busca “bajar costos” y brindar servicio propio de grúas y arrastre. Sin embargo, entre la ciudadanía el anuncio no ha generado precisamente confianza.
Hoy el servicio de arrastre y corralón está en manos de un particular, lo que ha provocado constantes quejas por los altos cobros y presuntos abusos en el manejo de vehículos retenidos. Ante esto, el municipio plantea que, con el nuevo corralón, los costos podrían reducirse y habría mayor control.
El ayuntamiento ya cuenta con tres grúas operativas y, según informó el munícipe, para el próximo año se pretende adquirir más unidades a fin de cubrir la demanda que implicará el nuevo servicio. Aun así, entre la población persiste la duda de si esta expansión realmente beneficiará a los ciudadanos o solo ampliará las herramientas del gobierno para aplicar sanciones y cobros.
Aunque la intención, según el mandatario, es evitar abusos de particulares, muchos salmantinos dudan de que el cambio signifique un verdadero beneficio. Y es que cuando el servicio pasa a manos del municipio, surgen las mismas preguntas de siempre: ¿habrá transparencia? ¿se usará con criterio justo o se prestará para abusos?
Por ahora, los cobros por arrastre y resguardo de vehículos siguen siendo uno de los temas más cuestionados por los automovilistas. Por eso, aunque se hable de “bajar costos”, la expectativa ciudadana apunta a que este proyecto podría convertirse en otro espacio con fines recaudatorios, disfrazado de ayuda. Mientras tanto, muchos se preguntan si realmente servirá para mejorar el servicio o solo será otro proyecto con discurso bonito y poca claridad.
