El gobierno municipal reconoció que los homicidios dolosos han aumentado en el municipio petrolero durante este año.
César Prieto declaró que el incremento había sido del 10%, aunque los registros oficiales muestran que en 2024 se contabilizaron 216 asesinatos y en lo que va de 2025 la cifra asciende a 245, lo que representa un aumento real del 13.4%.
La diferencia entre lo dicho por el edil y las cifras oficiales generó críticas inmediatas, ciudadanos señalan que el presidente municipal no solo minimizó el problema, sino que exhibió un preocupante desconocimiento de las leyes de seguridad. En entrevista, Prieto aseguró que el programa de seguridad debía pasar por el Copladem, cuando la normativa estatal establece con claridad que es responsabilidad del Instituto de Planeación (IMPLAN). Este error ha impedido que el plan de seguridad se publique de manera legal, dejando a Salamanca sin una estrategia oficial válida en medio de un escenario de creciente violencia.
A diferencia de municipios como León, donde los informes de seguridad son públicos, en Salamanca los propios funcionarios del Ayuntamiento han sido señalados por ocultar información y mentir en solicitudes de transparencia. El Secretario del Ayuntamiento y el Secretario Particular figuran entre los acusados de manipular datos, lo que podría constituir un delito.
Mientras el Director de Seguridad Pública elabora planes fuera de la normativa y el alcalde demuestra desconocer procesos básicos, la ciudad enfrenta un año difícil, con más de doscientas vidas perdidas y una administración que parece no saber legalmente dónde está parada.
