Entre 2020 y 2025, Guanajuato ha acumulado 393 carpetas de investigación por profanación de tumbas y sustracción de cuerpos en panteones municipales, pero hasta la fecha no existe una sola sentencia condenatoria.
Los expedientes se han abierto en distintos municipios, con denuncias que narran desde el robo de restos humanos hasta el saqueo de objetos personales depositados en las tumbas. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, las investigaciones no han llegado a tribunales con resultados efectivos. La ausencia de sentencias deja a las víctimas sin justicia y a los responsables sin castigo.
Familias que visitan a sus muertos se encuentran con lápidas dañadas, sepulcros abiertos y la sensación de que ni siquiera los difuntos descansan en paz. Los trabajadores de los cementerios, por su parte, reconocen que la vigilancia es insuficiente y que los saqueos ocurren en horarios nocturnos, cuando la seguridad es prácticamente nula.
En el estado de Guanajuato, la profanación de tumbas y el manejo ilegal de restos humanos son considerados como delitos graves que conllevan severas penas de prisión. De acuerdo con reportes recientes, las sanciones pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión o una multa de 2 mil días.
