El pasado 15 de marzo Paula Rojas, buscadora en Salamanca dio a conocer que oficiales de la Fiscalía General del Estado ingresaron de manera arbitraria, sin una orden de cateo y con abuso de autoridad a su domicilio ubicado en la colonia Arboledas, sin embargo la FGE asegura que el proceso se llevó a cabo de manera adecuada y sin uso excesivo de la fuerza.
Según la versión proporcionada por Paula Rojas, los elementos de la AIC entraron al domicilio, en el que se encontraban tres menores de 6, 8 y 12 años de edad, a quienes según dijo, les retiraron sus teléfonos celulares para evitar que se comunicaran con sus familiares, además de que los interrogaron sin presencia del Ministerio Público. Asimismo, asegura que los agentes entraron y causaron destrozos de los cuales, Paula tomó fotografías como pruebas que después llevó al MP para interponer su denuncia.
De acuerdo con la información compartida por los afectados, uno de los agentes amenazó a una de las menores y le exigía que le dijera en donde se encontraba el dinero y las joyas, además de que supuestamente le revisaron el celular a su hija.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE), asegura que «actuó con apego a la Ley en diligencia de investigación», afirmando que «no hubo violencia, ni abuso», expresa el documento emitido.
Refieren que las acciones emprendidas corresponden al seguimiento de una carpeta de investigación que se encuentra en curso y de la «necesidad de ejecutar una técnica de cateo derivada de una investigación prevista en la ley», por lo que según ellos: no existió abuso de autoridad, ni actuación arbitraria, no se registraron daños en el inmueble, no se ejerció violencia, no hubo personas detenidas ni presentadas ante la autoridad, no participó ninguna otra autoridad , además de que en el sitio, efectivamente se encontraban personas menores de edad.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE), asegura que dentro del inmueble fueron localizados cartuchos para armas de fuego, así como armas largas y cortas que fueron puestas a disposición.
Paula Rojas, miembro y fundadora del colectivo Buscando con el Corazón, explicó que posiblemente esta situación se debe a que tiempo atrás interpuso una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la FGE, a quienes acusa de la desaparición de su esposo Fernando, en 2020, quien fue llevado a la fuerza por personas que presumían ser de la Agencia de Investigación Criminal.
Señaló que meses después localizaron un cuerpo que le fue entregado, asegurándole que se trataba de su esposo, pero no, en 2025 descubrieron que el cuerpo que le fue entregado era el de otra persona y no fue hasta octubre de 2025 que la FGE le entregó algunas partes de otro cuerpo que supuestamente, ahora sí eran de su esposo.
Tras lo ocurrido interpuso la denuncia por negligencia y aunque resultó victoriosa del hecho, aún sigue esperando el pago por reparación del daño.
