Una mujer buscadora en Salamanca ha levantado la voz con señalamientos graves en contra de autoridades municipales, a quienes acusa de intimidarla, hostigarla e incluso poner en riesgo su integridad, en lugar de brindarle apoyo en su labor de búsqueda de personas desaparecidas.

Se trata de Ana Lilia Tapia Nájera, integrante de un colectivo de búsqueda, quien señala directamente al gobierno encabezado por César Prieto por una serie de acciones que, asegura, comenzaron tras desacuerdos con el DIF municipal.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto inició cuando cuestionó la manera en que se brindaban atenciones psicológicas a familiares de desaparecidos, lo que provocó una ruptura con autoridades locales. A partir de ese momento, afirma, comenzaron una serie de situaciones que describe como acoso sistemático.

Entre los hechos más delicados, denuncia que ha sido detenida y revisada en múltiples ocasiones por corporaciones de seguridad, bajo argumentos que considera infundados, incluyendo supuestos reportes en su contra por portar droga, los cuales niega completamente.

La buscadora también relata haber sido víctima de una agresión física y un asalto, hechos que ocurrieron después del conflicto con autoridades. A esto se suma la detención de su hijo, situación que, asegura, la llevó a tomar la decisión de abandonar su domicilio por temor a represalias.

Uno de los episodios que más indignación ha generado es la denuncia sobre el retiro de objetos y fotografías de personas desaparecidas colocadas en un memorial conocido como el “Árbol de la Esperanza”. Según su versión, estos artículos fueron retirados sin autorización e incluso desechados, lo que representa un golpe simbólico para las familias que buscan a sus seres queridos.

Además, la mujer acusa haber sido víctima de agresiones verbales por parte de funcionarios del DIF, lo que evidencia un ambiente de confrontación entre autoridades y colectivos.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible, es decir, la relación entre gobiernos municipales y colectivos de búsqueda, quienes en muchas ocasiones denuncian falta de apoyo, indiferencia o incluso obstáculos en su labor.

Las acusaciones realizadas por Ana Lilia Tapia Nájera no solo evidencian una posible falta de respaldo institucional, sino que abren cuestionamientos más profundos sobre el papel de las autoridades frente a una de las crisis más graves del país que es la desaparición de personas.

Hasta el momento, corresponderá a las instancias competentes determinar si existen responsabilidades. Sin embargo, el señalamiento ya genera preocupación entre colectivos y ciudadanía, quienes exigen que en lugar de ser obstaculizadas, las buscadoras sean protegidas y respaldadas por las autoridades.

Porque en medio de la violencia y la desaparición, lo mínimo que esperan las familias es no tener que enfrentarse también al propio gobierno.