En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reconoce más de 130 mil casos, pero colectivos y organizaciones civiles aseguran que la cifra real supera los 230 mil.
La diferencia revela la magnitud de una crisis que no se detiene y que, según el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, alcanza el nivel de crímenes graves contra la humanidad.
En Salamanca, en lo que va del año, se han registrado al menos veintidós personas privadas de la libertad en la ciudad, la más reciente una mujer secuestrada en la colonia San Juan de la Presa este domingo 26 de abril, algunas de estas personas han sido localizadas sin vida y otras aún continúan en calidad de desaparecidas. La desaparición y asesinato de buscadoras como Cecilia García Ramblas ha expuesto la vulnerabilidad de quienes se atreven a buscar a sus familiares, mientras las familias denuncian que la Fiscalía estatal se encuentra rebasada y que los procesos de identificación tardan semanas o meses.
Los colectivos locales insisten en que las cifras oficiales apenas reflejan una parte de la realidad y que detrás de cada número hay una historia de resistencia y de exigencia de verdad. El dictamen de la ONU coloca estos hechos en el plano internacional y obliga a reconocer que lo que ocurre en Guanajuato no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático que exige respuestas inmediatas.
