- Al perder hasta su madre en el atentado, el pago será un acto de humanidad por las dos menores desprotegidas
- La pequeña de 8 años que sobrevivió al ataque, sufre desnutrición grave y por falta de dinero dejaron de ir a la escuela.
Más que un acto de justicia, un acto de humanidad para dos niñas menores de edad del municipio de Jerécuaro, que perdieran a sus padres en un atentado maquinado por el crimen organizado en el 2008, contra quien en ese entonces se desempeñaba como Director General de ese municipio, Francisco Trujillo Mendoza, arteramente asesinado junto con su esposa, luego de que las autoridades municipales y del Estado las han dejado en completo desamparo, dando largas a la entrega de indemnización y pago de prestaciones de Ley a que tienen derecho como sus beneficiarias.
Las pequeñas actualmente de 8 y 16 años de edad se encuentran a cargo de su abuelo materno Manuel Franco Romero, sobreviven en precarias condiciones que incluso les impiden asistir a la escuela como cualquier niño y adolescente, por falta de recursos que autoridades municipales y del Estado de Guanajuato les han negado, dando largas al pago de lo que por derecho les corresponde.
El abogado y asesor legal Miguel Ángel Razo Rangel acudió a este medio informativo para demandar públicamente a las autoridades en turno tanto en el municipio de Jerécuaro, como al Procurador de Justicia del Gobierno del Estado de Guanajuato Carlos Zamarripa, para que finiquiten la acción penal y se logre la detención de uno de los presuntos autores materiales de la artera ejecución que de acuerdo a las investigaciones lo tienen ubicado en Morelia, Michoacán, mientras el proceso penal “sigue atorado y no se ha hecho nada” a pesar del compromiso emitido el entonces procurador Federico Chowell Arenas de esclarecer el caso.
Mientras para las autoridades del municipio de Jerécuaro, la petición es que dé cumplimiento al compromiso al que está obligado por Ley de apoyar a las hijas del extinto director de Policía de ese municipio Francisco Trujillo Mendoza, entregando la indemnización y las prestaciones laborales a que tienen derecho.
Lo anterior ante las evasivas y la negativa de finiquitar el monto que les fue fijado por una autoridad, para dar seguridad a las dos pequeñitas hubo de necesidad de tramitar una demanda por pensión alimenticia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2013 que no se ha cumplido, y así otros cuatro años después del fallecimiento de su padre cuando se desempeñaba como director de Seguridad de Jerécuaro “tenemos una sentencia favorable desde el año 2015 que no ha sido ejecutada, porque el TCA ha sido muy lento” mientras que en el Ayuntamiento actual ha sido omiso al pago de la pensión alimenticia “y las niñas no están ni estudiando, porque no hay dinero para la precaria economía de su abuelo, un hombre de edad avanzada”, ya que no tienen ni para la alimentación.
Es tal la situación que la pequeña de 8 años, quien al momento del atentado tenía 2 meses y logró sobrevivir gracias a que su madre quien la llevaba en brazos, logró protegerla con su cuerpo, “se encuentra en un estado de desnutrición preocupante”.
Para que las niñas reciban lo que tienen derecho, se ha tratado de pedir la intervención del Gobernador del Estado Miguel Márquez, para que exhorte al municipio a dar cumplimiento al pago que corresponde.
Esto porque las diferentes administraciones municipales del 2008 a la fecha, han promovido cuatro amparos para eludir la sentencia, pero conscientes de su incumplimiento, para no ser objeto de una acción penal por desacato y protegerse de un juicio de procedencia, que están por solicitar para exigir el desafuero del presidente municipal Jorge Vega Castillo y del Ayuntamiento de Jerécuaro; de junio a la fecha han empezado a entregar pequeñas cantidades como apoyo y así seguir dando largas al pago de todas las prestaciones a que tienen derecho las menores hijas del extinto director de Seguridad Pública de ese municipio y que ascienden a 1 millón 700 mil pesos.
“Hemos agotado todo” indicó el asesor, ya que se ha acudido al Supremo Tribunal de Justicia e incluso al Órgano Superior sin éxito, es por lo que como última instancia acudirán a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica “porque no es el único caso, ya que son muchas las injusticias que autoridades están cometiendo con policías que han caído abatidos por el crimen organizado cuando cumplían con su deber”, por este conducto hicieron un nuevo llamado al gobierno municipal de esa localidad para que más por humanidad que por justicia, paguen lo que les corresponde a las niña, empezando por que se les entregue al cien por ciento el pago mensual de pensión a que tienen derecho, conforme al salario que actualmente percibe el director de Seguridad Pública, que legalmente les corresponde y de esta manera mejore la calidad de vida de las pequeña, recibiendo educación pero sobre todo la alimentación que su padre les hubiera brindado y que sin embargo se les ha negado, al perder la vida ultimado por la delincuencia por cumplir con su deber, acto que sin embargo no ha sido valorado por ninguna autoridad de gobierno y judicial.
