Grupos del crimen organizado, en contubernio con funcionarios de Pemex, e incluso empresas que dan servicio a la empresa productiva del Estado, están participando en la ordeña a los ductos de Petróleos Mexicanos, aseguró el diputado panista Jorge Ramos Hernández, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.
Por ello, exigió al Consejo Directivo de Pemex que implemente una estrategia de seguridad eficaz para frenar el millonario robo de gasolina en sus ductos.
“El crimen organizado está afectando infraestructura estratégica del Estado mexicano y espero reunirme con el titular de la PGR para solicitarle un informe de las acciones e investigaciones qué se realiza para combatir estos delitos”, apuntó el legislador.
Cabe destacar que la Dirección Jurídica de Pemex estima que cada 24 horas las organizaciones criminales extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburos, lo que representa una ganancia anual de 21 mil millones de pesos.
El panista recordó que Pemex documentó el año pasado 6 mil 159 tomas clandestinas, cifra que supera en 791 por ciento los registros de 2010.
Ramos Hernández apuntó que también se estima que a principios de esta década hubo fugas y ordeña en ductos por mil 692 millones de litros de combustible, cifra que en 2016 ascendió a 2 mil 282 millones de litros, mientras este año se han descubierto diseños más avanzados para incurrir en este ilícito.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, recordó que uno de los casos más sonados ocurrió el 16 de marzo pasado en Tepeji, Hidalgo, donde se descubrió que en un parque industrial se ordeñaban ductos desde el interior de una empresa constructora.
Detalló que en ese hecho la Policía Federal puso a disposición de la PGR las instalaciones de Construcciones Industriales Tapia, en el Parque Industrial de Atitalaquia, luego de descubrir una toma clandestina para sustraer diésel, con la cual se conectaba a ductos a unos 300 metros de distancia.
También indicó que Pemex clausuró 316 gasolineras ubicadas en 31 entidades del país por tener vínculos con el crimen organizado y con cárteles del narcotráfico.
