Cuatro trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INAEBA, luego de despedir de forma injustificada a 4 trabajadores salmantinos, ahora les exige la firma de la renuncia voluntaria para poder pagarles su fondo de ahorros, un cheque de 10 mil 400 pesos que tiene tiempo límite para ser cobrado.
«Este fondo de ahorros es una aportación que hacemos los trabajadores vía nómina y el gobierno del estado da otra parte, pero hoy que acudimos con la directora de Recursos Humanos la contadora Esmeralda Hernández Escogido, nos dice que nos es posible darnos el cheque a menos de que firmemos la liquidación que ellos nos ofrecen, a uno es de 7 mil y al otro es de 8 mil 400 por dos años y medio de trabajo y obviamente no estamos de acuerdo, por que esta prestación es totalmente independiente de la liquidación, pero nos quieren presionar por que este cheque, que es nuestro dinero, tiene un tiempo límite para ser cobrado» dijeron los afectados.
Los afectados agregaron que en cuanto al despido injustificado ellos ya interpusieron una demanda ante la junta local de conciliación y arbitraje, en la que les dieron fecha de audiencia hasta el 26 de noviembre, lo que significa que ese cheque de fondos de ahorros estará retenido hasta esa fecha, «esto conlleva el riesgo de que ya no lo pueda cobrar, por que ese fondo tiene fecha límite para ser cobrado» explicaron.
Cristopher Israel Castro Orozco y Patsy Ortíz Mendez, técnicos docentes en Salamanca, dos de los 4 trabajadores despedidos, este jueves denunciaron públicamente que desde el día 15 de junio de este 2015 la dirección de Recursos Humanos del INAEBA en Guanajuato, vía correo electrónico les notificó su despido sin justificación alguna, notificación que se les reafirmo en las oficinas centrales del instituto en el municipio de León, en donde se les ofreció como pago de finiquito muchos menos de lo que les corresponde por ley.
Destacaron que desde ese momento hasta el día de hoy su sindicato no les ha brindado ningún apoyo, solo la promesa de apoyarlos con una bogado que los asesore, promesa que ha dos meses no se ha cumplido, por lo que decidieron actuar en las instancias de defensa del trabajador en donde primero buscaban la re-instalación en su lugar de trabajo, pero se les dejó en claro que no había re-instalaciones, aún y cuando la ley lo permite, por lo que entonces solicitaron la liquidación al 100% correspondiente por ley.
«A mi me están ofreciendo 8 mil 400 pesos de liquidación, lo que no corresponde ni al 50% de lo que marca la ley, no les estamos pidiendo más que lo que marca la ley, que son entre 40 y 60 mil pesos» dijo finalmente Patsy Ortíz.
