El gobierno de México presentó un escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae) ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Luisiana, el cual tiene como objetivo apoyar la suspensión provisional de diversas disposiciones de la Ley SB4.
El objetivo del escrito es persuadir a la Corte para que mantenga suspendidas las secciones de la SB4 ordenada por la Corte Federal de Distrito para el Oeste de Texas el 31 de agosto pasado, señaló la Secretaría de relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Dichas acciones buscan cancelar la obligación que tienen los policías y otros oficiales del estado a interrogar a las personas que arrestan, sobre su condición migratoria; así como aquellas que obligarían a las autoridades estatales y locales a mantener detenidos a los migrantes para entregarlos posteriormente a las agencias federales.
En su escrito de Amigo de la Corte, el gobierno de México señala que la entrada en vigor de las secciones suspendidas crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación federal, las cuales podrían propiciar la aplicación selectiva de la ley en forma discriminatoria.
Lo anterior, argumenta, en detrimento de los derechos de los mexicanos que viven o visitan ese estado, además de que incidiría negativamente en la relación con Texas y obstaculizarían la colaboración efectiva, así como el comercio entre este país y ese estado de la unión americana.
Si bien el Gobierno de México reconoce el derecho soberano de cada país para determinar su política y legislación internas, ello no impide que ejerza su obligación indeclinable de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero, puntualizó la cancillería.
Añadió que leyes como la SB4 abren espacios a posibles actos de discriminación racial, y fomentan un ambiente de persecución, por ello, aseguró que el gobierno mexicano continuará dando puntual seguimiento al proceso legal en contra de la SB4.
Asimismo, puntualizó que a través de la embajada en Washington DC y de su red consular en Texas, hará valer todas las acciones a su alcance, incluidas las legales, para garantizar el debido proceso y evitar violaciones a los derechos de nuestros connacionales, sin importar su condición migratoria.
