La investigación periodística «Paradise Papers» o «Papeles del paraíso» es una oportunidad para revisar que mexicanos con recursos en el extranjero hayan pagado los impuestos respectivos, pero si incumplieron con esta obligación «tienen que enfrentar las consecuencias», dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
El encargado de las finanzas públicas del país aclaró que no es ilegal que individuos o empresas de origen nacional tengan dinero fuera de México, lo que sí es ilegal es que no lo reporten a las autoridades tributarias.
«Y cada vez que salen estas filtraciones nos da material para revisión. Hace ver, y además es cierto, que tenemos cada vez más acceso a la información y habremos de estar atentos y lo vemos como una buena oportunidad de fiscalización», argumentó.
Así, la información de los «Paradise Papers» será usada por las autoridades mexicanas para volver a revisar que el que tenga que pagar impuestos, efectivamente esté contribuyendo, pero insistió en que «no hay que prejuzgar, pues el solo hecho de tenerlo fuera no quiere decir, no es indicio de que se esté cometiendo un ilícito».
En dicha entrevista subrayó que una de las obligaciones más importantes que tiene un mexicano es el contribuir para el gasto público y en contrapartida «a nadie podemos pedirle un peso más de lo que está obligado a pagar, pero a nadie debemos de tolerarle que pague un peso menos».
El secretario de Hacienda señaló que parte del contrato social y de lo que implica ser mexicano es cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales, con lo cual se da apoyo al gasto público.
Por parte del gobierno, dijo, también implica que «no le podamos pedir un peso más a nadie, y que cuando lo hagamos debe de deslindarse cualquier responsabilidad, pero el que no cumplió con la obligación también tiene que enfrentar consecuencias».
Añadió que las autoridades fiscales mexicanas han averiguado el cumplimiento fiscal de personas físicas y morales señaladas en otras investigaciones similares, y han encontrado que en la mayor parte se trata de recursos que se habían declarado y habían pagado impuestos.
En este mismo sentido, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, informó que en primer lugar las autoridades mexicanas revisarán la información reportada la víspera en los «Paradise Papers», para identificar quiénes son las personas o empresas que están ahí relacionadas.
A partir de ahí, revisar el nivel de cumplimiento fiscal que tienen y si la información que está siendo reportada por esta investigación periodística es consistente con las declaraciones de impuestos que han realizado al SAT, argumentó también en entrevista radiofónica.
Señaló que si se identifican algunas inconsistencias de los contribuyentes señalados en los «Paradise Papers», el SAT aprovecharía los acuerdos que tiene en materia de intercambio de información fiscal, para solicitar datos adicionales a las jurisdicciones en donde están radicadas las empresas o cuentas de personas físicas mencionadas en la investigación periodística.
A partir de ahí, poder determinar si efectivamente hubo alguna omisión y de cuánto, a efecto de que el SAT determine el crédito fiscal o el adeudo que pudiera originarse de las omisiones de estos contribuyentes.
Aclaró que los casos mencionados en los «Paradise Papers» no necesariamente tienen una consecuencia penal, pues dependerá de si dentro de las acciones de los contribuyentes mexicanos con recursos en el extranjero hubo la intención de engañar, de evitar u ocultar información, «en cuyo caso sí se tipifica de manera penal el delito de defraudación fiscal».
A pregunta expresa, dijo que no importa que en las revelaciones de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aparezcan «nombres muy fuertes», ya que todos tienen la misma obligación ante la ley y se llevarán a cabo los procedimientos que marca la normatividad para efecto de determinar omisiones fiscales.
El semanario Proceso, la organización Mexicanos contra la Corrupción y Quinto Elemento Lab, son los socios mexicanos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revelaron la indagatoria sobre una nueva filtración de millones de documentos de dos firmas de servicios offshore, con sede en Bermudas y Singapur, así como de 19 registros corporativos en jurisdicciones que sirven como escalas de la ruta de la economía sumergida global.
