El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio en casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos y robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Al presentar el dictamen, Miroslava Carrillo Martínez, señaló que «al aplicar la extinción de dominio se instituye que el negocio del crimen no es opción para nadie. De igual manera, aunado a lo que el Estado puede hacerse de recursos económicos, se reduce la inseguridad y, sobre todo, se apoya a las víctimas de un delito».

Por su parte, el panista Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que están convencidos de aprobar el instrumento jurídico. Sin embargo, consideró que a la fecha esa figura no ha funcionado como debería porque sólo ha sido aplicada para ciertos delitos y puntualizó que lo que se buscaba era convertir a este instrumento en autónomo y propone se regrese al punto de lo penal, no separándolo.

En tanto, el perredista, Javier Salinas Narváez sostuvo que la extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas.

“Estamos ciertos de que la buena instrumentación de esta figura la convertirá en una herramienta indispensable para el combate de los terribles flagelos del crimen organizado y de la corrupción”, aseveró