Agenda Ambiental Irapuato: la defensa del derecho a un medio ambiente sano [1]
Por: Raquel Vázquez y Paulina Uribe
“La protesta social es un contundente ´no´ a la situación actual, es la palabra que expresa varias voces, es la expresión del conflicto, es un grito y gente movilizada. En la protesta, la gente demanda algo. Aunque no toda protesta implica movilización, el nivel más elevado de una protesta es un movimiento social”
Ulrich Richter Morales (2017).
De la protesta a la participación ciudadana.
El 15 de agosto de 2016, el municipio de Irapuato anunció una obra vial con inversión de 7 millones de pesos para ampliar a tres carriles el Bulevar Gómez Morín; esto incluiría la tala inminente de por lo menos media centena de árboles de diferentes especies y la reducción de aproximadamente 6 mil mts2 de área verde, como constaba en notas periodísticas y declaraciones de servidores públicos. Esta pérdida de inmediato provocó una reacción de rechazo entre los ciudadanos y sobre todo entre los vecinos, quienes tenían vínculo sentimental con “La Mezquitera”. Nos comunicamos por teléfono, redes sociales y en persona para tratar de entender por qué el municipio de Irapuato anunciaba una obra que reduciría un camellón que contaba con amplias áreas verdes y gran cantidad de árboles. Según un dictamen que solicitamos a una empresa especializada, las características del mismo son las siguientes:
Longitud: 1,250 metros lineales. Anchura promedio: 15 metros lineales.
Área promedio bajo estudio 17, 500 metros cuadrados, equivalente a 1.75 hectáreas.
Cantidad de árboles que conformaban el micro-bosque: 222 individuos
Número de especies dentro del micro-bosque: 15
Especies (nombres comunes): Mezquite, Pirul mexicano, Grevillea, Tabachín, Fresno, Palo blanco, Casuarina, Ficus, Eucalipto, Yuca, Pino, Frutales
Medidas promedio general en la mayoría de los individuos: 12 metros lineales de altura por una fronda (ancho de la copa) 8 metros lineales
Edad promedio general de los individuos: 60 años
Dictamen ambiental de Kh’al División Ecológica
La confusión nos llevó al camellón y ahí, a lo largo de tres meses estuvimos pensando, planeando, ensayando y hasta improvisando diversas acciones colectivas para salvar los árboles.
Las primeras manifestaciones comenzaron tímidamente: colocamos caritas tristes en los árboles, y cartulinas informativas, solicitamos ayuda de casa en casa porque teníamos que transmitir la importancia del arbolado urbano para la salud física y mental, además de su aporte en la plusvalía del patrimonio. Pero para nosotros lo más importante era explicar que se trataba de una obra que podía evitarse, pues había al menos cinco alternativas, sustentadas por peritos viales como altamente posibles, para mejorar el flujo vehicular sin necesidad de modificar o destruir el camellón. Estas consistían en:
1) Evitar el estacionamiento en los carriles extremos;
2) Hacer cajones de estacionamiento en los retornos que se pensaban cerrar;
3) Utilizar los estacionamientos grandes de la plaza Delta;
4) Evaluar la conmuta de un terreno para el mismo fin y/o
5) Crear un par vial utilizando la Av. Santo Domingo, hasta la fecha subutilizada, que es paralela a Av. Gómez Morin y cuya habilitación había tenido recientemente un costo aproximado de 30 millones de pesos.
Estas propuestas las presentamos por escrito al presidente Municipal en turno, Arq. Ricardo Ortiz, y un par de días después a miembros del ayuntamiento. Sin embargo, no fueron tomadas en serio y las autoridades no quisieron -o no supieron explicar- por qué su única alternativa vial de ampliación debía ejecutarse. Pocos días después, el 28 de agosto, para evadir la vigilancia diurna que realizábamos, tres pirules fueron talados durante la noche.
Entre las asesorías que nos daba mucha gente, en especial activistas y defensores de árboles como FURA en León, aprendimos a hacer una solicitud de información en la plataforma de transparencia y solicitamos el Manifiesto de Impacto Ambiental – MIA de la obra. Cuándo obtuvimos la respuesta nos llevamos una gran sorpresa: “El Proyecto de ampliación del Bldv. Gómez Morín, NO REQUIRIÓ sujetarse a la Evaluación de Impacto Ambiental”.
La nocturnidad de la tala obedecía a que el Municipio era consciente de su incumplimiento de la ley. ¿Por qué no tenían permiso para talar árboles? ¿Qué se debe hacer ante un gobierno que viola la ley? No sabíamos y tampoco sabíamos cómo detenerlos y pensamos que si el Municipio iba a operar en la clandestinidad sería mejor convocar y hacer una despedida de los 30 o 40 árboles, en su mayoría mezquites, que iban a morir. Al menos despediríamos con dignidad a todos esos seres vivos que habían hecho ese espacio más fresco, más agradable, más bello. Pero el ritual de despedida, como lo llamamos en nuestras redes sociales, se convirtió en un festín de recolección de firmas. La gente se acercaba a decir que no querían que se talaran. En esa única jornada de casi 12 horas recolectamos 3.000 firmas.
Volvimos a buscar al Presidente Municipal para explicar lo que había pasado, había mucha gente que no quería la tala de árboles. No nos quiso escuchar. Intentamos hacer posible una de nuestras alternativas, habilitar un par vial. Así que un día tomamos los conos de tránsito de la constructora y desviamos el tránsito vehicular hacia la Av. Santo Domingo. Necesitábamos comprobar que el par vial funcionaba y ¡funcionó!
Sin embargo, la obra avanzaba y nos empezábamos a desesperar. Las autoridades afirmaban en sus redes sociales que no iban a talar más árboles, ya que los iban a trasplantar, operación que tampoco debían hacer sin un Manifiesto de Impacto Ambiental.
Los trasplantes fueron una tragedia: los cinco mezquites que la constructora quería quitar del camino fueron prácticamente arrancados de su lugar, sin manejo adecuado y se ubicaron en otro lugar del camellón. La evidencia fotográfica es inapelable: la grúa izaba mezquites sin tratamiento previo de trasplante en la fronda, ni en las raíces. Basta un minuto en internet para ver cómo se debe hacer un buen trasplante, pero ni a la constructora ni a las autoridades municipales parecía interesarles el tema. Mucho menos a la dirección de Ordenamiento Ambiental que afirmaba que la obra estaba sujetándose con el menor impacto ambiental.
Intentamos un recurso legal conocido como Acción Colectiva en Materia Ambiental, y aunque el fallo del juez no nos favoreció y nos hizo perder mucho tiempo, aprendimos mucho sobre cómo, dónde y cuándo debía presentarse un Amparo. De modo que fue a partir de ese momento que comenzamos a trabajar en la vía legal para detener la obra y salvar a los árboles.
El 27 de septiembre la Constructora JUGARCA se preparaba para mover otros dos mezquites, pero había muchos vecinos que tenían nuestros celulares y nos avisaron. Leticia Ochoa, de Planeta 4 Grupo Ecologista AC, y con más de 20 años de experiencia en educación ambiental, fue la primera en llegar al lugar. El árbol ya estaba amarrado a la grúa y aplicaban fuerza para desprenderlo del suelo. Lety, con casi 70 años de edad, saltó la zanja de más de un metro de ancho y se abrazó al Mezquite con todas sus fuerzas. Los asistentes no daban crédito. Los policías después de reponerse del susto y la sorpresa solo atinaban a decirle: “¡Señora, señora, por favor, pone en riesgo su vida!”
La grúa soltó el árbol y entre todos los ahí presentes, desprendimos el plástico de las raíces de los 2 árboles que habían preparado para arrancar y volvimos a poner la tierra que las cubría. Los vecinos mandaron llamar una pipa de agua y los regamos. La grúa abandonó el lugar.
Ese momento fue el parteaguas de la movilización social que habíamos hecho, un reflejo contundente de lo que estábamos dispuestos a hacer por defender esos árboles y evidenciar la negligencia municipal. A partir de ese momento nos turnábamos para vigilar la sobrevivencia de esos dos árboles, principalmente Lety y Raquel Vázquez, quienes estuvieron ahí por 9 días. Aunque había mucha gente apoyaba esa acción, también había mucha que no podía creer que defendiéramos un árbol; mucho menos entendían que quisiéramos poner en evidencia a una autoridad corrupta y negligente. Muy pocos comprendieron que estábamos luchando por el derecho a medio ambiente sano y que en casos como este todos, absolutamente todos, incluido el Presidente Municipal y la constructora nos convertimos en afectados ambientales.
Esos nueve días de vigilancia de los mezquites fueron cruciales para elaborar el Amparo y sustentar la estrategia legal para que fuera presentado por un menor de edad y vecino de lugar. En ese lapso volvimos a intentar una reunión con el Presidente Municipal, pero se negó a asistir a la convocatoria que le hicimos y argumentó que usaría la fuerza pública para quitarnos del lugar y dejar que la constructora terminara ¿Fuerza pública para mover a afectados ambientales? ¿Fuerza pública para un caso menor cuándo el municipio enfrentaba una crisis de seguridad sin precedentes?
Irapuato es un ejemplo de cómo operan la mayoría de los gobiernos municipales en este país en obra pública: no hay transparencia, las licitaciones son previamente pactadas y por criterios no justificados se abstienen de realizar los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y los Resolutivos de Impacto Ambiental a los que la ley los obliga. Es decir, el tema ambiental es minimizado por autoridades incapaces de entender el desarrollo como un proceso sustentable, y hace patente la poca voluntad política, así como la ignorancia de los funcionarios para relacionar el tema ambiental con la salud, el bienestar y la calidad de vida de una ciudad.
También es un ejemplo de cómo funciona buena parte de la ciudadanía, sobre todo aquella que tiene un automóvil, pues muchos son indiferentes a que los gobiernos municipales violen la ley, si a cambio reciben más vialidades o mayor velocidad de traslado. Al final, los ciudadanos que se desentienden de vigilar a sus gobiernos municipales son parte también del problema de corrupción y de la simplificación del tema ambiental, pues son incapaces de comprender las relaciones multicausales entre el medio ambiente y la calidad vida urbana.
Antes de la obra de ampliación de Av. Gómez Morín, los ciudadanos nos habíamos quedado atónitos frente a la devastación del Parque IREKUA, a lo que se sumaba la irracionalidad del trazo del 4to Cinturón vial sobre el Cerro de Arandas, que inició con el Presidente Municipal Jorge Estrada e inauguró recientemente Ricardo Ortiz con miles de irregularidades técnicas y sustentables que en 2016 ocasionaron deslaves y pérdidas materiales importantes. Ambos proyectos significaron gran pérdida de áreas verdes y árboles, con su consecuente reducción de captación de agua de lluvias y control de temperatura. Ambos proyectos se realizaron sin la consulta ciudadana que dicta la ley y sin los Manifiestos de Impacto Ambiental respectivos.
La batalla legal continuó. El 3 de octubre de 2016 presentamos ante un juzgado federal un amparo cuyo acto reclamado fue: “La inconstitucional e intransigente tala de árboles, así como el daño irreparable que se realizó en la supuesta trasplantación de los mismos y la reducción de áreas verdes, lo cual viola el derecho del menor a un medio ambiente sano y vulnera su derecho al acceso a una vida digna. Derecho que el Estado, materializado a través de la figura del municipio, no ha garantizado”.
El 5 de octubre de ese mismo año, una juez federal nos dio la razón y ordenó la suspensión provisional de la obra y que:
a) No se talen ni trasplanten árboles, ni se afecten (reduzcan o alteren de cualquier manera) las áreas ajardinadas.
b) Se tomen de inmediato todas las medidas necesarias y conducentes para que los árboles trasplantados sobrevivan al cambio de lugar y condiciones ambientales y se evite su muerte.
¡Júbilo! Eso era lo que sentíamos, corríamos a decirles a todos lo maquinistas que apagaran, que habíamos logrado la suspensión, muchos de ellos se contagiaron con la buena noticia porque tampoco querían cortar los árboles, según nos habían confesado en privado.
El 13 de octubre de 2016, dos meses después de que se anunciara la ampliación, se confirmó la suspensión definitiva. Para hacerse efectiva, el demandante debía pagar una fianza de 10mil pesos, los cuales fueron donados por mucha gente que para ese momento apoyaba plenamente la movilización. A partir de ese momento la lucha por nuestros derechos y la protección de los árboles, se trasladó del camellón al terreno judicial. Por medio de estas acciones pudimos salvar al menos a 30 árboles.
Han pasado casi dos años, en ese tiempo, el juicio ha sido muy activo, se han entregado estudios sobre el valor de los árboles, su salud y estado actual así como peritajes viales y argumentos de todo tipo para soportar la conservación integral del camellón.
Por su parte el municipio ha presentado manifiestos, interpuesto quejas y, fiel a su autoritarismo, negligencia y corrupción, intentó en un par de ocasiones desobedecer la sentencia. De modo que aún no se realiza la audiencia constitucional. El juicio es complejo, porque como lo manifestaron los magistrados, éste deberá ser un parteaguas en los procedimientos tradicionales de la obra pública para que dejen de simular y en realidad sean capaces de cumplir -sin pretextos ni artimañas- las leyes y la compensación o mitigación ambiental, teniendo como prioridad el menor daño. Por ahora, estamos expectantes a que la Juez noveno de distrito estudie toda la documentación presentada por ambos actores y resuelva sobre la compensación del daño ambiental y el destino del camellón.
Pero ¿para quién fue el éxito de esta historia? Lo fue para todas las personas que se oponían a que el gobierno municipal realizara una obra injustificada porque había otras alternativas viales más sustentables, a una obra pública que estaba fuera de la ley y que violenta el derecho que todos tenemos a un medio ambiente sano. Una obra así, requería talar árboles, reducir áreas verdes, dar prioridad a los coches, poner en peligro a los peatones y hacer planchas de cemento que se traducen en islas de calor en una de las ciudades con peor calidad del aire en el país (OMS, 2016).
El futuro es hoy
La suspensión definitiva de la obra de ampliación de la Av. Gómez Morín representa la lucha de la sociedad civil organizada que exige a los servidores públicos no violar nuestros derechos y manda un mensaje contundente sobre la importancia de recuperar la política (no los partidos) y nuestros espacios comunes. El colectivo que conforma el movimiento sigue creciendo y fortaleciéndose. Aunque sabemos que esta defensa nos ha puesto muchas veces en medio de otros intereses, ya no podemos salir -o no queremos salir- sin cortar todos los hilos que podamos de una telaraña de corrupción e indiferencia ante la crisis ambiental, necesitamos manos, manos precisas, manos honestas, manos comprometidas, manos que abracen, manos que ayuden a construir y a levantar, manos que acaricien. Manos que amen la vida en todas sus formas.
En los meses previos a las elecciones estuvimos trabajando en la elaboración de una agenda de las emergencias ambientales para ponerla sobre la mesa de los candidatos. El colectivo formuló y propuso 10 puntos que consideramos urgentes en la ciudad como el compromiso inmediato de llevar a cabo las estrategias necesarias para estar dentro de los límites saludables de calidad del aire.
Debemos idear nuevas estrategias, por eso hacemos un llamado a la colectividad, porque es un tema que nos compete a todos. Es el momento de gritar con voz fuerte y clara que estamos en una emergencia. Gritamos ahora que estamos en una emergencia ambiental. En 10 años Irapuato gritará por su agua, por su aire y por su suelo.
[1] Publicado en la Revista Argonauta, agosto – octubre 2018, año 3, edición No. 10, Medio Ambiente.
