Por: Observadora exterior.
Buenos días lectores, el estado de Guanajuato y Salamanca destacan a nivel internacional por la lucha de organizaciones del crimen organizado por controlar la plaza, y la serie de asesinatos que se han suscitado en la ciudad desde hace varios meses muestran una realidad que las autoridades siguen negándose a reconocer. Y por otro lado el Ayuntamiento aprobó la carga fiscal en servicios públicos para el 2016 de un 4%, aunque en el servicio del agua se podría aplicar hasta un 10%. Aquí la opinión de la semana.
Salamanca según la DEA.
Negarse a reconocer que el crimen organizado está ganado terreno en Salamanca y superando por mucho a las instituciones de seguridad, no sólo municipal sino estatal y hasta federal, es brindarles a los carteles el tiempo necesario para ganar terreno, terminar de posicionarse y controlar definitivamente la plaza. Recientemente, un medio a nivel nacional se difundió una investigación realizada por la Agencia Antidrogas de Estado Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que señala que Guanajuato está controlado por los caballeros templarios y el cartel del Golfo, y que Salamanca es una plaza que se disputan por lo menos 3 organizaciones, entre ellas en Cartel de Jalisco Nueva Generación a quien por ciento, se le atribuyo la supuesta bomba que hace algunos meses elementos del ejército retiraron de calles del centro de la ciudad. Si a esto sumamos la serie de acribillados, atentados, el evidente tráfico de armas y hasta de blancas; la indiscriminada sustracción ilegal de combustible y el cada vez mayor robo de autos denotan sólo un poco la realidad que la DEA da a conocer en su investigación ante la cual el gobierno de los tres órdenes de gobierno mejor deberían ponerse a trabajar-y hacer que los miles de millones de pesos que se invirtieron en el programa escudo valgan la pena- en lugar de sentirse ofendidos, total, la DEA ya les hizo gran parte de la chamba.
El madruguete.
No sólo a los miembros de oposición en el Ayuntamiento, sino a los ciudadanos en general, el gobierno municipal encabezado por Antonio Arredondo y su bancada panista en el cabildo nos quiso “madrugar” con la carga fiscal en el servicio de agua potable; un servicio público de primera necesidad que parece que el alcalde ahora pretende ofrecer como un servicio privado con una tarifa fija y a partir de ella cargar el costo de consumo. Si bien fueron pocos, muy pocos los regidores de oposición que quisieron externar su inconformidad, simplemente no se les permitió y la ley de ingresos fue aprobada en lo general contemplando un aumento del 4% en los servicios públicos y hasta de un 10% acumulado anual en el de agua potable. Con esto nos podemos dar cuenta de la “línea” que seguirá el Ayuntamiento salmantino, una línea que al parecer hasta los regidores de oposición-probablemente con la excepción del regidor de Morena- están dispuestos a seguir.
Juez y parte.
Para no variar, poca o nula confianza brinda a los salmantinos la asignación del nuevo contralor municipal, Noé López García, ex tesorero municipal durante la pasada administración municipal, considerada una de las más corruptas en la historia de Salamanca. Graciosamente, el también panista fue propuesto como candidato ciudadano y elegido unánimemente por un Ayuntamiento que hasta el momento, ha dado las mismas luces de desconfianza que la asignación del mismo López García, pues ¿cómo se puede ser juez y parte? Así, nuevamente, el panorama para Salamanca en cuanto al manejo de recursos públicos no es nada alentador y, muy probablemente, la trasparencia tampoco sea una característica de la actual administración.
Conflicto de intereses.
Llevar la de perder en el tema de Dinámica del Hábitat ha resultado más que frustrante para el municipio, más que por el daño patrimonial que esto implica, es evidente el conflicto de intereses que están detrás de este caso aún y cuando la administración donde se “origino” el problema y la que no pudo con el caso son del mismo partido político, pero no del mismo grupo y ahora ya no hayan ni a quien más cargarle “el muertito”. Y esto es solo la punta del iceberg, pues aún falta por ver todos los trapitos que saldrán al sol con el tema de domos y otros tantos que sólo están en espera de salir a la luz para darnos cuenta cómo, quienes están en el poder hacen y deshacen según sus propios intereses. Y como resultado la Ley de ingresos resulta ser el instrumento perfecto para recuperar más centavos de los que ya se embolsaron y que además, alcancen para saldar sus tanzas.
Escusas.
La muerte de cientos de peces en el río Lerma en su paso por Salamanca me hizo recordar las 180 toneladas de peces muertos en un río de China a cusa de la contaminación por amoniaco hace dos años. La diferencia entre China y Salamanca o México si lo ponemos en un estándar internacional, es que en China las autoridades de protección medioambiental suspendieron las operaciones de la planta responsable luego de las investigaciones realizadas para imputar responsabilidades y en México, por el contrario, las autoridades se dedican únicamente a buscar estúpidas escusas ante su incapacidad por atender un problema tan evidente de contaminación que afecta a cualquier ser vivo.
Sin transparencia.
Definitivamente la falta de transparencia y falta de rendición de cuentas fueron las principales peculiaridades de la administración del exalcalde Justino Arriaga Rojas, pues por segunda ocasión el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) ordenó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Salamanca brindar información detallada sobre el convenio de compra-venta de agua tratada entre CMAPAS y PEMEX que desde hace 5 meses un ciudadano salmantino solicitó y que se le negó con el pretexto de ser información reservada, aún y cuando el mismo municipio realizó una fuerte campaña publicitaria durante meses y en diversos medios de comunicación dando a conocer la firma de dicho convenio. Así que, mientras el presidente del organismo operador sigue rezándoles a todos los santos para que PEMEX concrete finalmente dicho convenio, y no sólo eso, que el CMAPAS no se quede fuera de la “cancha” con eso de que siempre no tiene la exclusividad, la UAIP tiene 15 días para otorgar la información que en su momento y sin fundamento legal, negó. Sólo esperemos que esa negación no haya sido sólo un pretexto para ganar tiempo y armar un informe falso.
