Organizaciones civiles agrupadas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentaron la campaña “Quien trabaja no debe ser pobre”, que busca dignificar el salario mínimo que actualmente está en 73.04 pesos, ajustándolo al menos por encima de la línea de pobreza que establece el Coneval, que al mes de marzo se ubica en 89.30 pesos, es decir, 16.26 pesos menos por día.

De acuerdo con este colectivo de organizaciones, actualmente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) alrededor de 5.3 millones de personas que trabajan asalariadas perciben ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015). La gran mayoría se ubican en la informalidad.

Consideraron que tras la reforma Constitucional aprobada por unanimidad el pasado 19 de noviembre de 2015, gracias a la cual el salario mínimo quedó liberado como unidad de referencia para fijar multas, derechos, intereses crediticios, financiamiento de partidos, etc., la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Conasami (organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social)  no solo no tiene justificación para mantener el mínimo por debajo de la línea de pobreza, sino que viola abiertamente el artículo 123 Constitucional que establece que éste deberá ser suficiente “para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.

Los integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hicieron énfasis en que esta política de contención y pérdida de valor del salario mínimo es uno de los factores centrales de la desigualdad en México y refleja el desdén gubernamental por un tema tan trascendental.

La campaña “Quien trabaja no debe ser pobre” incluye la realización de materiales de difusión para redes sociales y de circulación directa como hojas informativas y documentos de análisis que se harán llegar a tomadores de decisiones, empresarios, empleadores, líderes de opinión y medios de comunicación.  “Nuestra intención es que muchas voces se sumen a esta exigencia, en especial desde la iniciativa privada, sabemos que ahí no están las resistencias, así que vamos a tratar de sumar una gran cantidad de voces que exijan que quien trabaja no quede en pobreza”, explicaron.

También incluye la realización en los próximos meses de un Foro que servirá para hacer un balance sobre el desempeño de la Conasami y de la gestión de su titular quien ha estado al frente de ese organismo desde hace 25 años, cuando fue nombrado por Carlos Salinas de Gortari, tiempo en el que el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo en casi 2 terceras partes en perjuicio de los trabajadores más pobres.

Asimismo, dieron a conocer que en coordinación con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) llevarán a cabo en septiembre un Seminario Internacional sobre experiencias exitosas de otros países que han incrementado el salario mínimo en beneficio de la recuperación del mercado interno y el poder adquisitivo.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reiteró su compromiso por impulsar cambios de fondo frente a la pobreza y la desigualdad que se vive en nuestro país.  Y dado que uno de los factores centrales del incremento y permanencia de la pobreza que afecta a más de la mitad de la población son los ingresos bajos, resulta urgente tomar medidas de política económica. “No hay programa social que pueda sustituir el valor del trabajo remunerador como vía de superación de la pobreza” explicaron.

“Queremos dejar en claro que el incremento sustancial al salario mínimo para que cubra al menos lo necesario para la subsistencia de una persona en lo más básico, es sólo el primer paso y está destinado únicamente a quienes perciben los ingresos más bajos”, aclararon.  También explicaron que un ajuste al salario mínimo en 17 pesos para que supere la línea de pobreza no se debe traducir en un incremento proporcional al conjunto de los salarios.  “El porcentaje del aumento al mínimo no se puede trasladar al conjunto de las negociaciones contractuales.  En todo caso, se puede hablar de 17 pesos, y en cada rama y empresa valorar las condiciones económicas y de productividad” agregaron.