Más de 45 mil personas no estadounidenses están bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés), de los cuales tres mil 939 se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y 41 mil 554 siguen teniendo la ciudadanía de otros países.
De la cifra total de esta población carcelaria, 22 mil 541 detenidos (54.2 por ciento) son inmigrantes con órdenes finales para su deportación, 13 mil 886 (33.4 por ciento) están bajo investigación para su posible deportación y otros cinco mil 101 (12.3 por ciento) están en espera de una resolución final.
Además, en la página de internet del BOP se destaca que 26 mil 737 presos son mexicanos y nueve mil 685 de nacionalidad desconocida. Las nacionalidades que también resaltan son colombiana, con mil 676 presos, cubana, con mil 248 y de República Dominicana, mil 563.
Estos datos son parte del primer informe sobre inmigrantes encarcelados que publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en cumplimiento de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 25 de enero pasado.
Según el informe, con datos del 25 de marzo de este año, hay 188.950 individuos en prisiones federales, por lo cual, la proporción de inmigrantes es del 24 por ciento, una cifra “significativa” de acuerdo con el Departamento de Justicia.
“Es por eso que debemos asegurar nuestras fronteras a través de un muro y una aplicación efectiva de la ley, y debemos fortalecer la cooperación entre los gobiernos federal, estatal y local, mientras nos esforzamos por cumplir nuestro sagrado deber de proteger y servir al pueblo estadounidense”, señaló el fiscal general a través de un comunicado.
La lista de internos se publicó con la instrucción al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, de ser actualizada cada tres meses, con el número de los extranjeros en las cárceles federales y estatales del país, así como bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles, el órgano que hace cumplir las órdenes de las cortes federales.
El Departamento de Justicia ya contaba con un sistema de contabilización de la nacionalidad de los presos, el cual también determinaba si debían o no ser deportados, por lo que con el nuevo informe lo único que cambia es que los datos serán públicos para «crear conciencia» sobre los crímenes cometidos por extranjeros.
