A casi un año de que El Salmantino denunciara a la Administración Pública Municipal de Salamanca por coartar la libertad de expresión de este medio, la Procuraduría de los Derechos Humanos aún no puede emitir alguna resolución.

Incluso el procurador actual Raúl Montero de Alba cuando fue subprocurador de Derechos Humanos en Irapuato tomó conocimiento del caso, ahora lo desconoce y ha solicitado a las afectadas que requiere, previa reunión con ellas, las preguntas que van a realizar.

ANTECEDENTE

El 21 de junio del 2016, tanto Guadalupe Hernández, directora de El Salmantino, como Josefina Montecillo ex colaboradora de El Sol de Salamanca, acudieron ante la Subprocuraduría de los Derechos Humanos en Irapuato a ratificar la queja en contra del Gobierno de Salamanca, ya que esta instancia abrió el expediente de forma oficiosa por coartar la libertad de expresión de ambas periodistas.

En su momento las reporteras declararon y particularmente Josefina Montecillo entregó una prueba en contra del director de El Sol de Irapuato y Salamanca a quien acusó de atender a intereses propios del Municipio y por esa razón fue despedida porque sostuvo un micrófono de Guadalupe Hernández mientras realizaban una entrevista.

La Administración Pública Municipal encabezada por Antonio Arredondo ha coartado la libertad de expresión de varios medios de comunicación, táctica implementada por el anterior alcalde Justino Arriaga Rojas.

En esa fecha, las denunciantes sostuvieron reunión con el entonces subprocurador, Raúl Montero de Alba, quien se comprometió a dar seguimiento al asunto, pero después con el cargo de procurador las reporteras lo abordaron para cuestionarlo e ignoró el seguimiento del caso.

Encuentro registrado el pasado 25 de noviembre del 2016.

“Me dijo que le diera oportunidad de revisar el caso, que acababa de llegar al cargo y que no sabía en qué iba”, comentó la directora del portal de noticias.

Hace tres semanas la directora de El Salmantino solicitó reunión con el procurador para conocer el avance del caso y Edmundo Meza, titular de Comunicación Social le solicitó enviar por correo las preguntas al ombudsman.

Sin embargo la Procuraduría ya emitió tres recomendaciones al alcalde perredista de Cortazar Hugo Estefanía Monroy,  por criminalizar el trabajo periodístico de los reporteros y la mesa de redacción del diario digital Códigos.

Mientras que la queja contra el Gobierno panista de Salamanca sigue estancada.