En la Cámara de Diputados actores del PRI presentaron una propuesta para crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos, a fin de administrar una base de datos de personas que incumplan con sus obligaciones alimentarias.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria informó que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y 67.5 por ciento de hogares sostenidos por madres solteras tampoco la perciben, según la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó que ese mecanismo tenga alcance nacional; sus efectos serían superar la esfera familiar a fin de que beneficie a los acreedores alimentarios.

Sin embargo, consideró que su eficacia dependerá de los resultados negativos que generaría a los deudores a causa de una conducta contraria a la ley.

De acuerdo con la legisladora, para catalogar a una persona como “deudor alimentario moroso”, deben pasar más de 60 días en los que el sujeto haya dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias ordenadas por un juez, tribunal o establecidas por convenio judicial, en forma consecutiva o intermitente.

Con ello se levantaría una inscripción al deudor alimentario moroso en el registro nacional y después la autoridad judicial solicitaría al Registro Público de la Propiedad la búsqueda del inmueble del sujeto en cuestión y se aseguraría la pensión alimenticia adecuada.

De acuerdo con la propuesta de Viggiano Austria, cancelar la inscripción de deudores alimentarios morosos sólo procederá si se cubre el total del adeudo.

Comentó que se ha llegado a reconocer como delito como el incumplimiento de obligaciones alimentarias; no obstante, muchas personas víctimas u ofendidas no están interesadas en castigar penalmente esas conductas, o bien, la propia legislación establece elementos cuya acreditación favorecen al deudor alimentario.