Trabajadores y estado de derecho
Alfonso Díaz Rey*
Organizaciones obreras, políticas y sociales protestaron frente a la sede
del gobierno del estado de Tamaulipas contra la represión de obreros
de Metalux y Coca Cola en Matamoros
El pasado 31 de marzo la fuerza pública del estado de Tamaulipas reprimió a trabajadores que, en exigencia de mejoras salariales, bloqueaban los accesos a tres plantas maquiladoras en la norteña y fronteriza ciudad de Matamoros.
Tal acción fue de inmediato aplaudida por las cúpulas de organizaciones empresariales, las que agradecieron la intervención del gobierno del estado por la defensa de los empresarios y sus inversiones. [1]
Cabe aclarar que, previamente, 85 empresas del mismo ramo habían acordado el cumplimiento de esa demanda con sus trabajadores, lo cual indica que era una petición sensata.
Sin embargo, la respuesta de esas tres empresas (Metalux, Avances Científicos y Flux Metals), fue la negativa y el llamado a la intervención del gobierno del estado en su apoyo.
Es significativo que el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación expresara: «Tuvimos ya una acción del gobierno del estado Me parece que es un mensaje muy importante, de que hay estado de derecho y respeto a las instituciones», [2] lo que muestra a quién favorece o de quién es el estado de derecho.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.» [3]
El estado de derecho al que aluden las cúpulas empresariales cumple parcialmente en lo referente a las leyes que se promulgan públicamente, porque no son compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos ni con las demás características contenidas en la definición de la ONU.
La legalidad que exigen se cumpla es una que ellos mismos han impuesto mediante reformas regresivas a las leyes, modificándolas para incrementar y preservar sus privilegios, defender sus intereses y mantenerse en el poder. De esa manera han modificado leyes en materia laboral y en otros ámbitos, lo que significa serias violaciones de los derechos humanos, daños a la mayor parte de la población y un serio obstáculo al desarrollo nacional.
Para ese estado de derecho es normal la explotación cada vez mayor de los trabajadores, la pérdida de sus conquistas laborales, la precarización del empleo y del salario, el constante deterioro de sus condiciones de vida y trabajo, la baja calidad de la educación, la entrega de los bienes y riquezas nacionales al capital privado, la cesión de soberanía nacional a entidades supranacionales y un extenso etcétera de acciones lesivas para nuestro pueblo.
Lo que prevalece en nuestro país es un estado de derecho impuesto por el grupo que detenta el poder económico, ese segmento que se apropió del Estado y lo utiliza para ejercer y mantener su poder sobre el resto de la sociedad; por ello todas las instituciones del Estado, el gobierno incluido, están diseñadas y operan en ese sentido, por lo que es ilusorio e inocente pensar que las diferentes instancias de gobierno serán capaces por sí solas de resolver los graves problemas que padecen los trabajadores y el pueblo en general.
Si en nuestro país existe la esperanza de una real transformación, algo que necesariamente tendrá que cambiar es la legislación que permite a ese pequeño sector, la oligarquía, una serie de privilegios que provocan cada vez mayor desigualdad, inequidad, precariedad y privaciones a nuestra población.
Ese y otros cambios serán viables solamente con la consciente y decidida participación de los que padecen la situación actual. Una vía es el ejercicio y defensa de sus derechos, en especial el más elemental de ellos: el derecho a la vida.
[1] Ver: Periódico La Jornada Martes 2 de abril de 2019, p. 24 (https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/estados/024n1est#)
[2] Ibid.
[3] Ver: https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Los neoliberales del gobierno prefieren matar a la mitad de la población con la ayuda de crimen organizado que salirse del neoliberalismo . El sufrimiento del pueblo mexicano seguirá hasta el regreso de Jesucristo .Los politicos y burocratas solo son malditos traidores.