ZonaFranca/ El próximo martes se definirá si serán vinculados a proceso o no, Paloma ‘N’, su esposo Arturo ‘N’ y su excompañero de trabajo, José Román ‘N’, presuntos responsables del robo de más de 18 millones de pesos en agravio a la Diócesis de Irapuato.
Esto, luego de que la juez de Control, Yolanda Frausto, aplazó la audiencia a petición del abogado defensor Alfonso Zavala, quien solicitó 144 horas para recabar datos de prueba a favor de los inculpados.
Con el auxilio judicial, el abogado solicitó un documento expedido por el Registro Público de la Propiedad, donde se detalle los bienes inmuebles a nombre del sacerdote Gerardo Velázquez Solís, en Salamanca e Irapuato.
Además de un informe expedido por la Diócesis de Irapuato, con el sueldo y los plazos vacacionales de Velázquez Solís y el padre Rubén Herrera, quienes tenían la facultad de realizar movimientos de las cuentas bancarias de la asociación religiosa, y según lo declarado por Paloma, le solicitaban la expedición de cheques cuyo efectivo les entregaba, sin recibir a cambio por lo menos facturas o registros que sustentaran el destino del dinero.
Otra de las peticiones, fue un insistir con un recordatorio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a fin de que se pueda conocer los estados de cuenta del clérigo Gerardo Velázquez y su empleada doméstica.
Usan datos de prueba de la defensa
Valiéndose de los datos de prueba solicitados por la defensa, trascendió que los gastos de la Diócesis, que iban desde mensualidades destinadas a Carmen “N”, quién dijo sostenía una relación con un padre, sin abundar en el tema; lo que se destinaba al seminario y obras de construcción, además de la casa para el obispo emérito, José de Jesús Martínez Zepeda.
Las ampliaciones de las entrevistas hechas a trabajadores y sacerdotes también fueron usadas por la Fiscalía, donde se manifestó que el sacerdote Gerardo Solís señaló que Paloma siempre aprovechaba que iba de salida, para pedirle firmas de cheques en blanco; pero también negó que las diez propiedades a su nombre, las haya adquirido durante los años que suscito el desfalco, omitiendo las remodelaciones y edificaciones en algunos de estos inmuebles.
Incluso, se apuntó que una de estas fincas pertenecía a la Diócesis de Morelia, desde la que documentó los trámites que se estaban haciendo, aceptado que la compra sí fue hecha por el padre.
De las declaraciones de Paloma, la Ministerio Público resaltó contradicciones, pues también se le investigó sus propiedades, entre estas, el Spa, que de acuerdo con el arquitecto que también se hacía cargo de llevar a cabo algunos trabajos para la Diócesis, en la que la inculpada gastó más de dos millones de pesos para adaptar su negocio.
No obstante, los testigos de Paloma avalan que el Spa, lo realizó con su mamá y con documentación acreditó que una de sus casas le fue heredada, mientras que la tercera vivienda es de su esposo, trabajador de Pemex y relacionado con el supuesto robo.
Con todo ello, la fiscal solicitó vinculación a proceso, decisión que se definirá el próximo martes, una vez que con documentos en manos la defensa coteje los cheques firmados en blanco con los plazos vacacionales de los sacerdotes, así como documentos oficiales de las propiedades y estados de cuenta de Gerardo Velázquez.
Fiscalía realiza la imputación
La fiscal Leticia Arteaga fue quién durante más de siete horas realizó la imputación en contra de los tres presuntos responsables de robo calificado, a quienes se les atribuye haberse apoderado de los 18 millones 603 mil pesos, que había en al menos cuatro cuentas bancarias a nombre de la asociación religiosa.
Se detalló que desde noviembre del 2012 y hasta ese mismo mes, pero del año 2016, Paloma en su cargo de contadora llenó 162 cheques, que fueron firmados en blanco, cuando presumió, que los sacerdotes salían de vacaciones; de los cuales 145 cobró ella, por un monto total de 17 millones 563; uno que cobró su esposo por 120 mil pesos y 16 cheques más, cuyo efectivo fue entregado a su compañero de trabajo José Román, quién aparentemente había recibido 920 mil pesos.
El Ministerio Público sustentó su imputación sin facturas, pólizas o pruebas contables, argumentando que no había registro de ello, y recurrió a las declaraciones de los clérigos involucrados, y compañeros de trabajo de Paloma y Román, quienes señalaron que se habían percatado del faltante de folios de los cheques, pero nunca mencionaron nada; esto, además de gastos de despensa que insinuaron era de la contadora y eran pagados con dinero de la Diócesis.
Se rindió informes de la auditoria hecha por la asociación religiosa y peritos fiscales que avalaron las firmas, y se detalló que los cheques no tenían pólizas, y alrededor de 100 justificaban gastos de cantidades pequeñas de 900 a 3 mil pesos, pero los montos que en realidad se sacaban de la cuenta oscilaban entre los 80, 100, 150, 200 y hasta 400 mil pesos, mientras el resto de los cheques carecía de talonario.
Al respecto, se reconoció la omisión del padre Rubén Herrera, quien nunca verificó los estados de cuenta de la asociación religiosa, ni tampoco se dio por enterado del faltante en la caja fuerte de un millón 800 mil pesos, monto que motivó la auditoria en la Diócesis, que se mencionó contaba con informes fiscales y no fiscales expedidos por la contadora.
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