ETERNA JORNADA

Las luchas mineras del siglo XXI en México (Séptima parte)

Oscar Alzaga*

Pasta de Conchos y las tragedias en las minas.

La piedra en la obscuridad y la muerte en la sombra.

El libro de Job. La Biblia.

México como un Estado parte de la OIT, se ha negado a firmar el Convenio 176 de la OIT en materia de seguridad y salud en las minas desde 1998 que entró en vigor, debido a que es protector de los obreros: les permite separarse del trabajo en caso de riesgo para su salud o su vida, protege en varios aspectos al ser humano tanto dentro como fuera de la mina, la seguridad, salud y el medio ambiente. Pero los gobiernos mexicanos se han negado a ratificarlo, aunque han comparecido ante la OIT a presentar soluciones, como registra la Memorias de PIT, se ha comprometido a implementar varias medidas.

Pero sería hasta que ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006 y por la presión de la sociedad, las viudas, familiares y el Sindicato Minero (SM) que en la reforma laboral del 30 de noviembre de 2012, se agregó el capítulo de “Mineros”, pero sólo para los del carbón el 8% y excluyendo al 92%, que parcialmente recoge disposiciones del Convenio 176. (22) Pero este retraso oficial no es nuevo, el IMSS incluyó a los mineros en su régimen hasta 1972. Por otro lado, la inspección del trabajo ha sido de lo más ineficiente e irresponsable, por las políticas de la STPS de servilismo a los patrones, en particular al Grupo México (GM) y a los oligarcas

A casi 11 años de la tragedia aún siguen sin rescatar los 63 cadáveres que siguen sepultados sin razón alguna o base legal. Debido a que no hay un estudio serio de especialistas independientes que nieguen el rescate, además a la empresa se le negó el amparo que solicitaba no rescatar los cadáveres porque, decía, que era más peligroso el rescate que dejarlos sepultados, basado en especialistas pagados por la empresa y sin garantía de independencia para decir la verdad científica. Sin base alguna se niega el rescate de los 63 muertos.

Violando los derechos a la sepultura y a la dignidad de los muertos y sus familiares, cuya responsabilidad exclusiva es patronal, como lo señala la fracción XIV del artículo 123 de la Constitución. En el fondo, el empresario se opone al rescate y a la investigación, para que no se

conozca la verdad y los responsables de la tragedia, el gobierno apuesta más al olvido e impunidad, a que llegue otro gobierno que se haga cargo del problema.

Porque los muertos en la minas siguen ocurriendo, en menor número, pero con la misma impunidad, incluso con patrones que siguen con las minas laborando pues rechazan la investigación de las condiciones de trabajo y la responsabilidad.

Como se ha visto a lo largo de lo expuesto, en México el problema principal no son las leyes, por insuficientes que sean, sino su incumplimiento por los patrones y sobre todo por la autoridad encargada de velar por su cumplimiento, la falta de aplicación estricta y la impunidad que genera, por lo tanto la repetición de los daños y de un inseguro Estado de Derecho.

Las minas y la destrucción ambiental.

Gracias a las protestas populares, sindicales y de especialistas, hay una mayor conciencia del daño ambiental y desequilibrio ecológico que provocan las minas a cielo abierto por falta de control de seguridad y de aplicar las medidas preventivas. Sin dejar de reconocer que las minas subterráneas hasta hoy siguen provocando más muertos, en ambos casos la vigilancia ambiental de las normas preventivas para evitar los daños ha sido casi nula o ineficiente, lo mismo que las inspecciones de trabajo en el interior de las minas, que ambas dependen –vigilancia e inspección- del gobierno. Desde luego, el SM participa en las comisiones mixtas de seguridad e higiene, pero la mayoría de los sindicatos no cumplen con esta función tan importante, ya que predomina el sindicalismo blanco o patronal.

Lo que junto con la increíble entrega que hacen los gobiernos del territorio nacional a los empresarios a través de la Secretaría de Economía, la principal cómplice de ellos, se calcula que ya llega al 26% del territorio nacional lo que concentran las empresas mineras extranjeras y nacionales. Son brutales los casos de entrega de soberanía, que junto con la entrega de las playas y fronteras, energéticos –petróleo y electricidad-, además de ejidos y comunas, completan un cuadro devastador de la soberanía y el patrimonio nacional. Las principales víctimas han sido campesinos e indígenas y la población en general por el daño ecológico y ambiental. (23)

El 6 de agosto de 2014 ocurrió el mayor derrame de tóxicos y metales pesados de una mina sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico y otras concentraciones, contaminando las cuencas de los ríos de más de 380 kilómetros, la agricultura, pesca, ganado, aguas y sobre todo la salud de los poblados de 25 mil personas. La empresa Buena Vista del Cobre de GM culpó a “las lluvias atípicas”, siendo falso porque la norma es preventiva y se trató de negligencia e irresponsabilidad patronal, la que permitió el derrame por encima de los límites de las 13 presas de jales, que no cuentan con el revestimiento suficiente, según las normas. (24)

Dos años después la empresa aún no lleva a cabo la remediación profunda de los ríos y sigue el problema de fondo. Por lo cual el SM desde 31 de octubre de 2014 presentó una Denuncia de Hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo que junto con la población ha logrado una mayor protesta y exigencia para lograr la remediación a fondo, la reparación de los daños a la población y el castigo a la responsable.

A las etapas históricas previas, como a) la artesanal prehispánica, b) la colonial de exportación de el oro y la plata, c) a la moderna con predominio inglés en el siglo XIX, d) luego la industrial en la predomina el capital norteamericano en el siglo XX, e) al proceso de nacionalización de la minería de los años 60 y 70, f) llegamos a la explotación a cielo abierto desde los años 70, con predominante capital canadiense. Que se expande como nunca. Al grado de llegar a un reparto territorial, como parte de la nueva explotación extractivista, inconcebible. Como se muestra en los cuadros I y II al final del texto.

Cuadro I. REPARTO DEL TERRITORIO NACIONAL POR CONCESIONES MINERAS

Fuente: La Jornada, nota: Roberto González Amador, 6-IV-15. Con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Servicio Geológico Mexicano y de la Secretaría de Energía, Sistema de Administración Minera.

Cuadro: Sindicato Minero. Elaborado por Ramón Blancas.

Nota: En 1992, el gobierno de Salinas reforma la Ley Minera, los artículos 6 y 19, con las concesiones crean un nuevo tipo de propiedad: “superior a cualquier otra”, volviendo el reparto de territorio minero el privilegio de unos cuantos (como las compañías deslindadoras de la época porfirista), que como se nota es con los gobiernos llamados neoliberales cuando se desborda la entrega de las riquezas nacionales, antes protegidas por la Constitución y leyes reglamentarias, ahora al servicio de las trasnacionales.

Comentario: si comparamos las hectáreas entregadas a los dos principales barones de la minería mexicana -Larrea y Bailleres- con la que se ha entregado a las empresas transnacionales, sobre todo de Canadá, veremos que más del 60% es a extranjeros. Desde luego aquí solo se habla de terreno en hectáreas, no del tipo de minería, ni de inversión y ganancia.

Lo importante es la enorme entrega que se ha hecho del territorio nacional y que las concesiones de gobierno gocen del privilegio legal de que se hagan “por utilidad pública” y “sean preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno” (art. 6 de la Ley Minera) y que “las concesiones mineras confieren derecho a: IV: Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terrenos, jales, escoria y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros.” (Art. 19, fracción IV.) Por primera vez se usan conceptos de fondo como “utilidad pública” y “expropiación”, para beneficiar a particulares extranjeros y nacionales. En realidad se trata de grandes oligarcas trasnacionales, no de capitales nacionales o locales, son internacionales, neoliberales de la era global.

Cuadro II

Fuente: La Jornada, nota: Roberto González Amador, 6-IV-15. Con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Servicio Geólogo Mexicano y de la Secretaría de Energía, Sistema de Administración Minera.

Cuadro: Sindicato Minero. Elaborado por Ramón Blancas.

Nota: Las cifras no incluyen los cambios que las concesiones mineras han tenido en los gobiernos, por ejemplo, la concesión de Rosita y Pasta de Conchos, a favor de Germán Larrea, en 1993 tenía 250 has., pero en 2013 aumenta a 455 has. Datos de la Dirección General de Minas, Secretaría de Economía. Parece un premio por la muerte de 65 mineros del 19 de febrero de 2006, ampliar las hectáreas sin producción de 9 años.

Comentario: es con los gobiernos panistas de Fox y Calderón los que hicieron las más “generosas” concesiones en 12 años, seguidos de Peña Nieta en un año. La propiedad de Bailleres en los dos sexenios sube al 95% de todas las concesiones mineras de la historia. En el caso de Larrea al 82% en 12 años y en un año de Peña Nieto el 11%.

Ambas familias son las más poderosas de la minería “mexicana”. Tienen además otras propiedades y negocios.

Fuente: La Jornada. Roberto Garduño y Enrique Méndez. 23 de noviembre de 2015. Información de Las Cartografías Mineras de la Secretaría de Economía y del Sistema Integral de la Administración Minera.

Comentarios: Según estos datos se ha repartido el 19% del territorio nacional, pero si se ve por estados es más brutal el impacto, ya que en Durango y Colima es arriba del 45%, en Baja California y Zacatecas casi el 40%. En Sonora es el 31% de un gran territorio, que abarca 5 millones 730 mil hectáreas.

Notas:

22. Federico Guzmán López: Economía Política del Despojo Territorial. Mega minería a cielo abierto en Zacatecas bajo el capitalismo global, 1982-2014. Tesis de doctor en la Universidad de Zacatecas, agosto de 2016. Una investigación que documenta el despojo territorial, el extractivismo que practican las grandes empresas mineras, la economía de enclave, de los mega-proyectos referidos a Zacatecas, en un estado minero del país. Asimismo, la falta de ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas y la corta reforma laboral de 2012 que solo incluyó a los mineros del carbón y no a la mayoría, el 92% de los mineros han agravado la inseguridad en las minas de México, ya que la ley laboral de aquí resulta tan irracional que exige a los obreros que vean en peligro su vida o su salud, que antes de retirarse avisen a la Comisión Mixta de Seguridad o a un inspector de la STPS. Por lo cual el SM presentó una Queja ante la OIT pidiendo que México ratifique el Convenio 176 de la OIT, el 22 de julio de 2016.

La historia de “Los muertos en la minas del carbón” es patética por la forma en que se repiten las tragedias en que mueren los obreros. Ver la revista Trabajadores no. 112, de la Universidad Obrera, enero febrero de 2016, el artículo de Nahir Velasco y Oscar Alzaga.

23. Federico Guzmán afirma que: que el despojo territorial y el extractivismo a cielo abierto de la mega minería ha causado daños enormes a las poblaciones y a la naturaleza, en particular al equilibrio ecológico, que no tiene control, en países como el nuestro.

24. Germán Larrea el dueño de GM y de Buenavista del Cobre en donde se produjo el derrame de 40 metros cúbicos de tóxicos y metales pesados en el principal río de Sonora, se atrevió a declarar que “el derrame había sido por las lluvias atípicas” que desbordaron la presa de jales. En este caso, el único atípico es el patrón que no cumple con las normas de seguridad que son preventivas, precisamente para evitar esos daños tan brutales al equilibrio ecológico, a la naturaleza, la agricultura, pesca y ganadería de las cuencas del río y sus afluentes, como sobre todo a la salud de los pobladores de 7 municipios y la ciudad de Hermosillo. El SM interpuso una denuncia de hechos ante la PGR.

*Abogado miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.