- Goberndor reconoce medidas para supervisar actuar de los elementos de las FSPE
De acuerdo a una publicación de la Revista Proceso, familiares del migrante Leonardo Reyes Cayente, abatido por elementos de las fuerzas de seguridad pública el 13 de diciembre en San Miguel de Allende, exigieron en Texas al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo investigar el caso.
Rodríguez Vallejo fue interceptado por los familiares durante una visita que realizó el domingo al Consulado de México en Dallas, para reunirse con connacionales guanajuatenses.
El gobernador reconoció que, en un “juicio de valor adelantado”, la comisionada estatal de análisis en seguridad, Sophía Huett, criminalizó a Leonardo al asumir, de entrada y sin una investigación, la versión de los agentes estatales, que aseguraron que el migrante y otro supuesto acompañante les habían disparado desde el vehículo en el que se encontraban.
Con pancartas que desplegaron ante el gobernador de Guanajuato y el secretario del Migrante, Juan Hernández, los papás de Leonardo y otros familiares reclamaron que se le tachara de delincuente y se manchara su nombre.
«Mi hijo no era ningún delincuente y en Guanajuato a los migrantes nos han hecho ver como delincuentes”; “tenemos miedo de la policía”, “no vamos a descansar hasta que se haga justicia”, decían algunas de las pancartas.
Ante Rodríguez Vallejo, narraron cómo varios de ellos escucharon esa noche varios disparos y, al acercarse, se dieron cuenta de que Leonardo todavía estaba vivo, pero los agentes no llamaron a ningún cuerpo de socorro, además de que movieron la camioneta del joven y acomodaron la escena, e hicieron expresiones burlonas de la situación.
«Vamos a seguir hasta donde tope, el nombre de Leo quedó manchado”, le dijo al gobernador la madre del joven migrante, quien había viajado desde Texas con su familia a San Miguel de Allende para pasar las fiestas de la virgen de Guadalupe y fin de año.
Tras escucharlos, el gobernador reconoció que faltan medidas para supervisar el desempeño de los policías, y anunció que se invertirá en la adquisición de cámaras corporales con las que se equipará a los elementos estatales para registrar su intervención en los operativos.
También mencionó que ha pedido informes sobre la investigación que realiza la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH) a raíz de la queja interpuesta por la señora Guadalupe Cayente, madre de Leonardo, y pidió confiar en la actual Fiscalía estatal y en la impartición de justicia.
“Yo sé que nada nos va a devolver a Leo”, dijo el gobernador.
«No van a regresar a Leo, pero que otras familias no pasen por lo mismo”, respondió Guadalupe Cayente.
Con información de Revista Proceso
